La resolución, firmada digitalmente el 30 de septiembre, fue dictada en respuesta a una presentación realizada por el Ejecutivo el 24 de septiembre. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 recordó que la cautelar se encuentra firme y que su alcance se limita a los artículos 5° y 6°, primer párrafo, de la ley 27.795.
Esas disposiciones establecen dos obligaciones concretas: actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y recomponer los programas de becas destinados a estudiantes.
En el caso de los salarios, el artículo 5° establece que la actualización no puede ser inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC durante ese período. Al analizar la documentación presentada por el Gobierno, Cormick consideró que existen elementos que permiten hablar de un cumplimiento parcial, pero sostuvo que no está acreditado que el cálculo de los incrementos se haya realizado de acuerdo con el mecanismo previsto por la ley.
El magistrado reconoció que el Estado acreditó acciones vinculadas con la convocatoria a negociaciones paritarias y con la ejecución de órdenes de pago. Sin embargo, señaló que no surge de la información presentada que los aumentos salariales y sus actualizaciones hayan alcanzado el nivel establecido por la norma.
Como referencia, la resolución señala que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 llegó al 312,19%, según los datos del INDEC. De acuerdo con la documentación sobre las erogaciones aportada por el Estado, no se habría alcanzado ese porcentaje de incremento salarial.
El segundo punto cuestionado corresponde a las becas. El artículo 6° ordena recomponer todos los programas destinados a estudiantes, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros, tomando como referencia la variación acumulada del IPC.
En este aspecto, el Gobierno sostuvo que únicamente la Beca Manuel Belgrano se encontraba comprendida por las disposiciones de la Ley 27.795. Según esa interpretación, Progresar, las becas de Enfermería y las demás mencionadas en la norma no formarían parte del programa alcanzado por la legislación.
Cormick consideró que esa explicación tampoco demuestra el cumplimiento de la cautelar. El juez aclaró que su decisión no implica anticipar una definición sobre la cuestión de fondo, pero señaló que el alcance de lo informado por el Ejecutivo no cubre lo dispuesto judicialmente respecto de las becas.
Además, el magistrado sostuvo que los argumentos utilizados por el Gobierno para cuestionar la cautelar reiteran planteos que ya habían sido rechazados el 1° de septiembre, cuando se había denegado el pedido para dejarla sin efecto. Esa decisión permanece firme, por lo que Cormick concluyó que todavía no se agotó el alcance de la medida cautelar.
El conflicto judicial se inició luego de la sanción de la Ley 27.795. Javier Milei había vetado inicialmente la norma, pero el Congreso insistió con su aprobación y el Poder Ejecutivo finalmente la promulgó mediante el Decreto 759/2025. Ese decreto había suspendido su ejecución hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades presentaron un amparo colectivo el 29 de octubre de 2025. El 23 de diciembre, Cormick dictó la medida cautelar y declaró inaplicable el decreto en ese punto, al considerar que presentaba características de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
La Cámara Federal confirmó posteriormente esa decisión. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno por considerar que no existía una sentencia definitiva, con lo que la cautelar quedó firme.
En paralelo, el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los sindicatos habían alcanzado el 10 de junio un acuerdo que contemplaba un aumento de 24,33% de la masa salarial, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento, $50.000 millones destinados a hospitales universitarios y un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano.
El Ejecutivo había sostenido que esas medidas permitían considerar cumplidos “en lo sustancial” los artículos 5° y 6° de la ley. Las universidades cuestionaron que los incrementos fueran suficientes. Ante ese planteo, el 1° de septiembre Cormick rechazó el levantamiento de la cautelar porque consideró que el Estado no había logrado demostrar un impacto positivo sobreviniente derivado de los acuerdos.
El conflicto también continúa en el ámbito paritario. El 17 de septiembre fracasó una nueva negociación en la sede del Ministerio de Educación: el Gobierno ofreció aumentos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.
En ese contexto, ADUBA y APUBA iniciaron un paro escalonado de 23 días, previsto hasta el 22 de octubre. Para el 15 de octubre también está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria frente a los Tribunales.
