La defensa de Vallejo había pedido levantar las medidas para permitir el funcionamiento habitual de la empresa, principalmente para afrontar el pago de salarios y proveedores. El planteo fue rechazado ante el riesgo de que los fondos pudieran ser destinados a otros fines y debido a la necesidad de preservar los bienes ante un eventual decomiso en caso de una condena.
Vallejo está acusado de liderar una presunta organización ilícita y de administrar de manera irregular fondos de su compañía relacionados con clubes de fútbol. Su vínculo con ese ámbito se produjo a través de su relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La empresa fue patrocinadora y otorgó préstamos a distintos clubes, además de darle su nombre al torneo argentino.
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en la empresa, en la AFA y en alrededor de veinte clubes que habían firmado contratos con la firma. Vallejo fue citado a declaración indagatoria junto con otras doce personas y se presentó a fines de mayo. En esa oportunidad sostuvo que es inocente y negó haber lavado dinero o realizado intermediación financiera.
A fines de marzo, la Justicia de Lomas de Zamora había dispuesto la inhibición general de los bienes, cuentas y billeteras virtuales de Vallejo y de la empresa. Entre los bienes alcanzados por la medida figuran diez vehículos, entre ellos unidades de las marcas Mercedes Benz, Alfa Romeo y BMW.
Cinco meses después, la defensa solicitó el levantamiento de las restricciones al sostener que estaban afectando el funcionamiento de la empresa y su capacidad para cumplir con salarios y proveedores. También planteó que las medidas podían prolongarse debido a que todavía quedaban pendientes distintas instancias probatorias dentro de la investigación.
La fiscal federal Cecilia Incardona se opuso al pedido. Consideró que la causa investiga una organización criminal compleja y que liberar el acceso a los bienes podría facilitar la reiteración de las maniobras investigadas. Además, remarcó que en las causas por delitos económicos uno de los objetivos es garantizar la recuperación de los fondos en caso de que exista una condena.
El juez federal Luis Armella coincidió con ese criterio en una resolución dictada a principios de agosto, antes de dejar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. El magistrado señaló que la defensa no aportó información suficiente sobre la cantidad de trabajadores afectados ni los elementos necesarios para permitir un control judicial efectivo sobre el destino de los fondos.
Según el fallo, la falta de precisión sobre las cuentas involucradas, los montos y sus beneficiarios dificulta la supervisión y puede generar riesgos de utilización indebida del dinero. Armella sostuvo que las medidas cautelares buscan evitar cualquier acción que pueda alterar el patrimonio de las personas y empresas investigadas.
De todos modos, el magistrado resolvió levantar la restricción sobre las claves de identificación tributaria de Vallejo y de la empresa. Consideró que esos registros son necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales y que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con facultades administrativas para intervenir sobre ellos.
