Apenas cinco días tras su creación, el ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Diego Martín Chaher, abogado originario de Mendoza, como su director, mediante el decreto 665. Con una trayectoria marcada por su paso por el sector privado en medios de comunicación, Chaher ha tenido una presencia constante en el ámbito estatal, integrándose a varios directorios de empresas que el gobierno planea privatizar.
Chaher fue inicialmente vigilado por Juan Pazo mientras asumía un rol crucial en la privatización y en el desarrollo de un enfoque técnico que, como ha sido señalado, ha generado complicaciones legales para las políticas del oficialismo. Su contribución se centra en la confidencialidad que rodea a los contratos de privatización, algo que ha suscitado críticas. El documento emitido por la ATEP menciona: “Sin perjuicio del principio de publicidad que rige los actos de gobierno, corresponde resguardar los informes de tasación elaborados hasta el perfeccionamiento de los procedimientos de selección correspondientes”.
Es notable que, a pesar de las controversias, Chaher ha permanecido activo en el directorio de Nucleoeléctrica, donde se unió a Demian Reidel y Marcelo Famá. Sin embargo, tras la destitución de estos dos últimos por denuncias de sobreprecios y presiones, se ha señalado que Chaher mantuvo su posición, lo cual ha generado suspicacias sobre su alineación con Luis Caputo. Una fuente interna de Nucleoeléctrica reflexionó sobre esta situación, sugiriendo que Chaher había tenido un rol protagónico en la salida de Reidel.
Además de su papel en empresas estatales, Chaher ha estado involucrado como interventor en varias entidades que han sufrido los efectos de un proceso de vaciamiento impulsado por el gobierno actual, como EDUC.AR. Su presencia también se ha registrado en reuniones con grandes corporaciones, aunque la razón de su presencia en estos encuentros no está clara.
La estrategia gubernamental de privatización le ha asignado a Chaher no solo la función de asesorar, sino también la de manejar un entorno de secretismo alrededor de las tasaciones que realiza el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que ahora es dirigido por Maximiliano Voss. Esta política de secretismo ha comenzado a generar repercusiones legales. El 1 de abril de 2024, Chaher emitió la Resolución 1, que declara “reservados todos los informes” de tasación en el marco de la privatización.
La controversia surgió cuando el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a cargo de Julio Roberto Villamonte, anunció que no llevaría a cabo tasaciones de varias empresas estatales, como las centrales hidroeléctricas del complejo Comahue y Nucleoeléctrica. Esta decisión va en contra del principio de transparencia que debe regir estos procedimientos, tal como lo establece la Ley 23.696, que exige claridad en el proceso de privatización.
A medida que avanza el proceso privatizador, se ha denunciado que las tasaciones realizadas por el BICE han subestimado el valor real de los activos. La Fundación Soberanía ha impulsado una demanda judicial debido a la falta de acceso a información crucial sobre las tasaciones, señalando que la ausencia de una tasación adecuada configura una violación a los principios establecidos por la normativa correspondiente.
Recientemente, se registró el primer caso judicializado que involucra a las centrales hidroeléctricas, donde la Fundación Soberanía argumenta que no se permitió acceder a la tasación y al contrato. Este mismo patrón se repite en otros casos de privatización, como el de Intercargo, donde se denuncia que la tasación es inferior a la real. Así, tanto el proceso judicial en curso como las futuras privatizaciones, incluido el caso de Belgrano Cargas, están marcados por la incógnita de las maniobras detrás de escenas en torno a las valuaciones, dejando entrever un camino repleto de incertidumbres y expectativas a futuro.
