La medida fue dispuesta por Jorge Gamal Abdel Chamia, juez federal de La Rioja que interviene como subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza. Las magistradas de San Juan y San Luis que participaron del juicio contra Bento y dictaron la condena no intervinieron en esta decisión.
El exjuez continuará alojado en el penal federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, y deberá ser trasladado por el Servicio Penitenciario Federal cada vez que corresponda cumplir con el nuevo régimen. Además, se ordenaron controles aleatorios de Gendarmería Nacional en su domicilio y se dispuso evaluar la colocación de una tobillera electrónica.
La resolución definió el beneficio como “excepcional, provisorio y revisable”. La Fiscalía se había opuesto al pedido y analizaba la posibilidad de recurrir la decisión.
El principal argumento de la defensa estuvo relacionado con la situación familiar de Bento y, particularmente, con el deterioro de salud de su esposa, Marta Boiza. La mujer, que es una de las principales personas a cargo de uno de los hijos de la pareja, tiene problemas en una de sus piernas desde 2024, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné y posteriormente atravesó infecciones y distintos tratamientos.
El hijo, Facundo Bento, tiene una discapacidad severa derivada de una encefalopatía crónica no evolutiva y necesita asistencia para actividades cotidianas como alimentarse, higienizarse y trasladarse. En anteriores resoluciones se habían registrado episodios de angustia, insomnio, pérdida de peso y crisis de autoagresión y heteroagresión.
La Fiscalía señaló que el joven dispone de cuidadoras durante las 24 horas, atención de un kinesiólogo, asistencia en un centro de día y transporte especializado. Sin embargo, Chamia consideró que esos recursos no reemplazan la contención emocional que pueden brindar sus padres.
Los informes y testimonios incorporados al expediente también indicaron que la presencia de su padre genera una respuesta favorable en Facundo y contribuye a reducir algunos episodios de crisis. En esa línea, el Defensor Público de Menores e Incapaces, Pablo Mesa Sánchez, se pronunció a favor de ampliar el contacto entre padre e hijo.
Bento se encuentra detenido desde noviembre de 2023 y desde entonces su defensa presentó distintos pedidos para modificar el régimen de encierro. El primer planteo de prisión domiciliaria fue realizado pocas semanas después de su arresto, con el argumento de que debía asistir a Facundo, pero fue rechazado.
Durante 2024 hubo nuevos pedidos. En octubre de ese año, Bento consiguió una primera salida extraordinaria de cuatro días, entre el 14 y el 17, para colaborar con la adaptación de su hijo a sus cuidadores.
Un mes después obtuvo un permiso de mayor alcance. El 25 de noviembre de 2024 se le concedieron 15 días de prisión domiciliaria provisoria debido a la internación de su esposa y al agravamiento del estado emocional de Facundo. Cuando terminó ese período, la defensa pidió que permaneciera en su domicilio de manera definitiva, pero el tribunal ordenó su regreso a prisión el 11 de diciembre. Esa decisión luego fue confirmada por la Cámara de Casación.
La situación de los otros dos hijos de la pareja, Nahuel y Luciano, también fue considerada en resoluciones anteriores. En ese momento se había evaluado que, junto con Marta Boiza y los cuidadores, podían garantizar la atención necesaria de Facundo sin que Bento tuviera que abandonar la prisión.
La Fiscalía volvió a señalar que los dos hijos mayores tienen responsabilidades familiares respecto de Facundo. Chamia, sin embargo, entendió que su participación no resuelve la situación derivada del estado de salud de Boiza.
La causa judicial también alcanzó al resto de la familia. Marta Boiza fue condenada a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. Nahuel Bento recibió una pena de cinco años por lavado de activos agravado. Luciano, en cambio, fue absuelto por falta de acusación, aunque se dispuso el decomiso de bienes vinculados con el expediente.
Bento fue durante años titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con competencia electoral. En la investigación que derivó en su condena se determinó que encabezó una organización que, desde al menos 2007, recibía dinero y bienes a cambio de beneficios judiciales para personas involucradas principalmente en causas federales.
El Tribunal Oral Federal N°2 lo declaró responsable como jefe de una asociación ilícita y también por ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, dos hechos de falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.
El 6 de febrero de 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión, además de recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los $540 millones. La sentencia todavía no se encuentra firme, ya que fue recurrida ante la Cámara de Casación.
El nuevo régimen de salidas podrá ser revisado si cambia la situación familiar, mejora el estado de salud de Boiza o interviene una instancia superior. Mientras tanto, Bento deberá cumplir las condiciones fijadas por el juez para trasladarse semanalmente entre el penal de Cacheuta y su domicilio en el barrio Palmares, en Godoy Cruz.
