Los proyectos formalmente aprobados contemplan inversiones anunciadas por US$39.429 millones y un capital computable de US$33.837 millones. Si se incorporan además las iniciativas que se encuentran en evaluación y aquellas que fueron anunciadas, el monto total de inversión identificado asciende a US$209.247 millones.
El gasto tributario correspondiente a los proyectos aprobados se estima en US$8.493 millones a valor presente. El impacto anual alcanzaría su máximo hacia 2035, con una pérdida de recaudación cercana a los US$1.600 millones, equivalente a aproximadamente el 0,25% del PBI actual. Si se consideran todos los proyectos identificados, la pérdida fiscal potencial podría representar hasta el 0,65% del producto.
La diferencia entre el gasto tributario y el costo fiscal neto resulta central para evaluar el impacto del régimen. Si una inversión se realiza exclusivamente por la existencia del RIGI, el Estado deja de recaudar determinados impuestos que habría percibido bajo el régimen general, pero al mismo tiempo obtiene ingresos fiscales provenientes de una actividad que no se habría desarrollado sin esos incentivos.
Bajo ese criterio, los 23 proyectos aprobados generarían US$17.499 millones de recaudación a valor presente, más del doble de los US$8.493 millones de impuestos resignados.
El umbral de equilibrio se ubica en una adicionalidad del 32,7%. En términos prácticos, esto implica que aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos debería corresponder a una inversión que no se hubiera realizado sin el RIGI para que la recaudación adicional compense completamente los beneficios tributarios otorgados. Por encima de ese nivel, el resultado fiscal neto sería positivo.
El impacto tampoco es uniforme entre el Estado nacional y las provincias. De los US$8.493 millones de impuestos resignados correspondientes a los proyectos aprobados, US$6.231 millones recaen sobre la Nación. Entre los recursos involucrados se encuentran derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque.
Las provincias donde se desarrollan las inversiones conservan, en cambio, ingresos vinculados con regalías y tributos locales, además de recibir recursos por coparticipación. Para esas jurisdicciones, el nivel de adicionalidad necesario para equilibrar el impacto fiscal es del 17,7%, con una recaudación equivalente a 4,6 veces los recursos que resignan.
En las provincias que no cuentan con proyectos, el umbral asciende al 32,1% y la recaudación equivale a 2,1 veces lo cedido. Para la Nación, la adicionalidad necesaria llega al 38,5%, mientras que los ingresos fiscales representan 1,6 veces los recursos resignados.
El escenario cambia al ampliar el universo a 39 proyectos identificados, que en conjunto anuncian inversiones por US$87.409 millones. En ese caso, el costo tributario a valor presente sube a US$24.175 millones, mientras que la recaudación esperada alcanza los US$50.542 millones.
Con este conjunto más amplio, la adicionalidad consolidada necesaria para alcanzar el equilibrio fiscal se mantiene en un nivel similar, del 32,4%. Sin embargo, el umbral correspondiente a la Nación aumenta hasta el 44,4%, mientras que para las provincias receptoras de inversiones disminuye al 13,7%.
La diferencia se explica principalmente por la mayor participación de proyectos hidrocarburíferos dentro del universo ampliado. Estas iniciativas concentran una mayor proporción de la renuncia impositiva en tributos nacionales, mientras que las jurisdicciones productoras conservan los ingresos correspondientes a las regalías.
El análisis plantea que el régimen tiene un efecto relevante sobre la rentabilidad de proyectos que requieren grandes volúmenes de capital y que no resulta necesario que la totalidad de las inversiones sea adicional para que el balance fiscal sea positivo.
En ese escenario, el desafío no se limita a aumentar el monto de las inversiones anunciadas. También resulta relevante elevar la proporción de proyectos que efectivamente dependan del régimen para concretarse y ampliar los efectos sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad económica, en un contexto de apertura y aumento de los costos medidos en dólares.
