El proyecto de ley propone el reintegro de los “derechos de exportación” que los productores de la provincia han abonado por las exportaciones de oleaginosas y cereales. Según cálculos realizados por Paoltroni, se prevé un impacto fiscal de aproximadamente 0,00035% del PIB en el año 2025. Con esta aclaración, el legislador intenta alinearse con la intención de Milei de “sostener el equilibrio fiscal” y asegura que “las medidas del proyecto no afectarán los acuerdos fiscales vigentes entre nación y provincias”.
El informe que ha presentado a la Comisión estima el costo fiscal relacionado con esta iniciativa y ha establecido como objetivo del régimen el reintegro del 100% de los derechos de exportación pagados por los productores agrícolas de la provincia. El propósito declarado es “promover la competitividad regional y fomentar el desarrollo económico”. Además, se especifica que los beneficiarios serán tanto personas físicas como jurídicas que puedan demostrar la producción de cereales y oleaginosas en Formosa.
Los requisitos para acceder al beneficio incluyen el uso y la demostración de uso de semillas fiscalizadas, la presentación de la carta de porte de granos y la verificación mediante geoposicionamiento del establecimiento productor. El proyecto también detalla el mecanismo de reintegro, indicando que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se encargará de la reglamentación dentro de un plazo de 60 días, en colaboración con ARCA.
Asimismo, se señala que, en caso de ser aprobado, el proyecto se mantendría vigente hasta que se eliminen por completo las retenciones a nivel nacional. En este contexto, el senador solicita al Poder Ejecutivo que elabore un plan fiscal para garantizar los reintegros futuros, asegurando así una transición ordenada en la estructura tributaria para no poner en riesgo las finanzas públicas.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la provincia de Formosa que presente su postura en un período de 60 días respecto a la causa iniciada en contra del gobernador, para definir la inconstitucionalidad de su reelección indefinida, que lo ha mantenido en el cargo durante ocho mandatos consecutivos.
Esta decisión se tomó a raíz de la denuncia realizada por Paoltroni, quien fue integrante del bloque de La Libertad Avanza. Insfrán, en el poder desde 1995, ha sido reelegido de manera continua desde entonces. Esta no es la primera denuncia en su contra por el tema de las reelecciones. Otros grupos, como la Confederación del Frente Amplio Formoseño y Fernando Carabajal, un político opositor y exjuez formoseño, también han realizado denuncias similares.
El avance de este caso podría indicar que el máximo tribunal se pronunciará pronto sobre el tema. La situación actual presenta una jurisprudencia que podría resultar desfavorable para Insfrán, considerando que el año pasado la Corte declaró la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas en varias provincias, lo que hace prever un desenlace similar para Formosa. Sin embargo, existe una reforma constitucional respaldada por el voto popular, lo cual es un factor a considerar, especialmente en virtud de lo que la Corte ha sostenido anteriormente. En relación a la denuncia de 2023, la Corte había indicado que debía pronunciarse el Poder Judicial local antes de avanzar.
El escrito que notifica la situación establece que tanto el gobernador como la fiscal tienen un plazo de 60 días para presentar un nuevo descargo, según lo estipulado en los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
