Específicamente, el fiscal, junto al juez Ariel Lijo, analizará el historial laboral de Adorni en los últimos 12 años.
Pollicita busca determinar la procedencia de ese dinero, a pesar de que el funcionario asegura haberlo acumulado a partir de “ahorros en negro” que reunió junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Si Adorni declara que los fondos provienen de su casa paterna, la pesquisa también se extenderá a sus familiares para rastrear el origen del dinero.
Esta no será la única acción emprendida por Pollicita. Se acordará una reunión con peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para incluir los US$500 mil que Adorni mencionó tener en una entrevista.
El fiscal también requerirá la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti como parte de las diligencias para reconstruir el patrimonio familiar y verificar la información presentada ante las autoridades de control.
La investigación cobró fuerza a raíz de las declaraciones públicas de Adorni, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no reportados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su fortuna proviene de inversiones en bitcoin.
Según fuentes cercanas, Pollicita examinará además la documentación relacionada con los activos digitales mencionados por el funcionario. En la Fiscalía se están considerando las mejores estrategias para solicitar información que confirme la existencia de dichos fondos y su inclusión en las declaraciones patrimoniales correspondientes.
La atención se centra en los US$300.000 que Adorni afirmó haber ganado a partir de inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa. En una entrevista, explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 lograron rendimientos significativos.
Adorni aseguró: “Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”. También sostuvo que esos fondos son la evidencia de que su patrimonio fue generado antes de asumir funciones en la administración pública.
Sus explicaciones se dieron en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se lleva a cabo en tribunales federales, y tras la reciente presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.
