“Estamos acostumbrados a manejar causas complejas. Sin embargo, independientemente del impacto público, nuestro deber es tomar decisiones basadas en la ley, en las pruebas y en los principios del análisis crítico sano, y no dejarnos influir por la cobertura mediática. Cada persona, sin excepciones, sea un legislador o una figura pública, debe ser juzgada con las mismas garantías procesales. Esto fue lo que aplicamos en este caso específico”, señaló el magistrado Garcete Piris.
Adicionalmente, destacó la importancia del caso: “Se trató de un asunto significativo debido a sus características técnicas y a la necesidad de reafirmar que las normativas de cada nación deben ser respetadas. Este respeto por el orden jurídico es crucial para mitigar riesgos y prevenir actos injustos que pueden socavar la confianza en las instituciones”.
Garcete Piris enfatizó que el fallo en la causa Kueider “refleja una postura positiva, ya que muestra que es posible abordar asuntos complejos dentro de las garantías judiciales. Más que considerarlo un fallo ejemplar, diría que se trató de una respuesta institucional y nacional seria, fundamentada en la ley y en las pruebas”.
El ex senador de Entre Ríos anunció su intención de apelar la sentencia, argumentando que “no se han aplicado los criterios de legislación comparada sobre el hecho de que el dinero no es considerado mercadería”.
El veredicto del Tribunal fue unánime y se comunicó poco después de concluir la última sesión del juicio el 13 de julio.
“La convicción se fue armando durante las audiencias, a partir de las pruebas presentadas. Al cierre del juicio, efectuamos una evaluación integrada conforme a las reglas del análisis crítico y llegamos, bajo una línea objetiva, a la conclusión de que la conducta se enmarcaba en la tentativa de contrabando según el artículo 336 del código aduanero, modificado por la Ley Nº 6.417/2019, y en concordancia con los artículos 26, 27 y 29, inciso 2, del código penal paraguayo”, describió el magistrado.
Los jueces dedicaron un extenso apartado de su resolución a argumentar por qué consideraron como contrabando el tráfico de divisas. La defensa de Kueider y Guinsel cuestionó firmemente esta interpretación, argumentando que la legislación paraguaya reserva este delito para las mercancías, afirmando que los billetes encontrados en la Chevrolet Trailblazer la madrugada del 4 de diciembre de 2024 no cumplían con dicha característica.
La exhaustiva justificación se debió a la ausencia de una jurisprudencia amplia sobre estas actividades ilícitas particulares. Esto no implica que no existan antecedentes, sino que estos asuntos suelen resolverse en juicios abreviados.
Garcete Piris subrayó que lo esencial del caso Kueider radica en que se trató de “uno de los primeros casos de esta índole que llegó a juicio oral y público”. Esta instancia judicial es “donde se discute el fondo del asunto y se presentan las pruebas”, señaló.
“En nuestro sistema hay una etapa intermedia en la que pueden adoptarse diferentes salidas procesales que eviten el juicio. Por lo tanto, más que hablar de un camino jurisprudencial consolidado, diría que este caso tiene relevancia porque permitió discutir y fundamentar de manera explícita lo relacionado al contrabando”, afirmó.
Además, mencionó que “Paraguay, conforme a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha avanzado hacia una regulación más alineada a estándares internacionales a través de la Ley Nº 6.417/2019. Esta normativa ha clarificado el tratamiento legal del traslado de dinero en efectivo sin declarar, proporcionando una base legal más sólida para analizar este tipo de conductas”.
El GAFI es un organismo intergubernamental que fija estándares globales en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otros temas.
Los acusados optaron por no declarar durante las audiencias, lo que significó que el ex senador no presentó su versión de los hechos ante el Tribunal sobre lo ocurrido esa madrugada en el Puente de La Amistad. Kueider ha sostenido en diversas entrevistas que el relato de los agentes aduaneros sobre el hallazgo del total del dinero en una mochila era falso, pero nunca lo mencionó en el juicio. Por lo tanto, los jueces fallaron basándose en las declaraciones de los funcionarios.
“Tanto la Constitución de la República del Paraguay como el Código Procesal Penal reconocen el derecho a declarar como una garantía fundamental para toda persona procesada. Por lo tanto, mantener silencio no puede ser interpretado en su contra ni utilizado como indicio de culpabilidad”, aclaró Garcete Piris.
“En este caso en particular —agregó— comprendimos que fue una decisión derivada de la estrategia defensiva. El Tribunal —subrayó— formó su convicción exclusivamente a partir de las pruebas presentadas durante el juicio y de los elementos que corroboraron objetivamente los hechos acusados”.
Kueider utilizó el momento de sus últimas palabras, ya con el debate cerrado, para expresar su posición sobre varios puntos del juicio.
“Las últimas palabras, como están estipuladas en nuestro código procesal penal, no representan una declaración formal ni constituyen un medio probatorio. Es simplemente la oportunidad del acusado para realizar una última solicitud al Tribunal antes de la deliberación”, matizó el magistrado.
Por esta razón, el tribunal “lo escuchó y consideró dentro de su alcance pertinente. No obstante, reitero: la decisión se sustentó en las pruebas presentadas legalmente durante el juicio”, concluyó.
Matías Garcete Piris es abogado, notario y escribano público egresado de la Universidad Nacional de Asunción. También posee un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es magíster en Ciencias Penales y en Derechos Humanos, además de especialista en Ciencias Penales y Docencia Superior. Forma parte de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario y se desempeña como docente en la Escuela Judicial de Paraguay.
