Aunque estos eventos son independientes, pueden verse influenciados por un hecho político: la posible decisión del Comité de la ONU en relación a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, un tema que los abogados de la expresidenta han llevado ante el organismo internacional.
La sentencia de seis años de prisión en arresto domiciliario se mantuvo firme tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema, que validó la decisión del Tribunal Oral Federal 2. “La Corte ni siquiera examinó el caso, simplemente se excusó de opinar y dejó como válida la resolución de un tribunal inferior”, señalaron.
Desde el kirchnerismo, hay un clima de optimismo respecto a que la presentación hecha por los letrados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego sea favorable en el Comité de Ginebra. “Estamos trabajando para que el caso sea evaluado en octubre, en la próxima sesión del comité”, afirmó Valim. “Eso podría obligar al Poder Judicial argentino a revisar la decisión del comité este año”, agregó el abogado, quien también formó parte del equipo que promovió la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante dicho organismo. Aun así, remarcan que no hay certeza sobre la posibilidad de que el Comité tome el caso en esta ocasión.
En el lugar donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria, se establece una clara separación entre un posible dictamen positivo y la visita del Papa, quien llegará como “jefe de Estado del Vaticano y no se referirá a políticas locales”. Sin embargo, reconocen que un pronunciamiento justo antes de la llegada de León XIV tendría un peso simbólico considerable, sobre todo por la cercanía del actual Papa con su predecesor, Jorge Bergoglio.
“Hay un mensaje en la elección de la agenda, como la visita a Don Orione, y el discurso se basará en la doctrina social de la Iglesia, que se opone a las políticas de Milei”, resaltó un destacado dirigente kirchnerista respecto a la visita papal.
“Si el dictamen es positivo, comenzará la campaña”, agregaron. Además, discutirán la verdadera naturaleza de la decisión de la ONU, que podría considerarse “no vinculante”. No obstante, el fiscal Diego Luciani, durante su intervención en un evento en Mar del Plata, enfatizó que la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner “está firme”, subrayando que es un aviso para quienes cuestionan el concepto jurídico.
Luciani fue contundente respecto a la inhabilitación de la expresidenta.
Como se anticipó, Cristina Kirchner tiene aspiraciones de ser candidata en 2027. Su hijo, Máximo Kirchner, lo confirmó en una entrevista: “Ella desea representar los intereses de aquellos que creen que puede volver a serlo”.
Las afirmaciones generaron repercusiones dentro del peronismo, aunque allegados a la expresidenta enfatizaron que su intención al ir a la ONU es resolver su condena e inhabilitación. Esto tiene el objetivo de evitar que se interprete como un desafío a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que, aunque no se ha postulado formalmente, se posiciona como posible candidato del PJ.
Las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y La Cámpora son evidentes, y la fricción entre ambos sectores se intensifica por la falta de visitas del gobernador a Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario. Este conflicto, que ya se prolonga por meses, trasciende lo político.
“Cristina quiere ganar. Si no es ella, apoyará al candidato con mayores posibilidades de derrotar a Milei”, destacaron en el kirchnerismo.
Mientras el Gobierno utilizó el Argentina Week en París para negociar con gobernadores aliados —trece viajaron a Francia— sobre la suspensión de las PASO, el PJ está preocupado por un posible escenario sin primarias, que incrementaría la presión para alcanzar una unidad y evitar la fragmentación del electorado en 2027.
Diversos sondeos sugieren una polarización del electorado y una coincidencia del 97% entre los votantes de Kicillof y Cristina. En La Cámpora consideran que el gobernador necesitará el apoyo de la presidenta del PJ nacional. Simultáneamente, reconocen que Kicillof presenta buenos números en las encuestas, pensando en una elección que prevén se definirá en balotaje.
Además, observan que el bajo reconocimiento que tienen exgobernadores como Sergio Uñac o Gerardo Zamora complica la posibilidad de que estos líderes construyan una candidatura a nivel nacional. La incertidumbre también rodea a Sergio Massa.
El juego político abarca, además, decisiones en la provincia de Buenos Aires, donde cada sector postula diferentes candidatos. Se trata de una negociación compleja entre la Nación y la provincia que, según el kirchnerismo, debe resolverse de manera integral.
Para la competencia en la provincia, consideran a líderes del núcleo duro, como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, mientras desde el kicillofismo se perfilan candidatos como el intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro provincial Gabriel Katopodis o Jorge Ferraresi, exalcalde de Avellaneda.
En el kirchnerismo sostienen que la Justicia argentina no revisará el caso, incluso si llegan noticias positivas de Ginebra. Si se confirma esta perspectiva, se debatirá sobre el carácter “no vinculante” de un posible dictamen favorable.
Aseguran que existen tratados internacionales que respaldarían una reapertura del caso en jurisdicciones locales y presionan sobre los jueces, especialmente si asisten a conferencias internacionales.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 18 expertos independientes, cuya función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados firmantes. “Puede ser no vinculante en contextos de dictaduras o democracias débiles, pero no en Argentina”, manifestaron.
Los abogados presentaron una adenda al Comité de la ONU basada en diversos elementos, incluyendo denuncias de intimidación hacia Cristina Kirchner y críticas sobre declaraciones de jueces vinculados a la causa Vialidad, así como ataques a sus bienes y comentarios del presidente Javier Milei.
Por otro lado, la adenda incluye un informe de Specs Consultoría, que sostiene que el Grupo Austral, relacionado con Lázaro Báez, no fue favorecido en la obra pública, mientras que la constructora IECSA, asociada a la familia Macri, tuvo más contratos adjudicados.
Con esta información, la adenda reitera al Comité la solicitud de suspensión de la inhabilitación política perpetua de la expresidenta hasta que se resuelva el dictamen sobre el fondo.
Asimismo, en el kirchnerismo insisten en que la presentación busca revisar también las condiciones de la detención, argumentando que el uso de la tobillera es excesivo y que el límite de seis visitas semanales, que requiere autorización judicial, es inapropiado. “La trataron como si fuera un asesino serial”, manifestaron.
“Cristina quiere ser candidata”, insistieron. “Y si ella desea participar, tiene todo el derecho de hacerlo”, concluyeron.
