La oficialización de esta decisión se realizó a través del decreto 490/2026, el cual fue publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario y su Gabinete. Según la normativa, el Poder Ejecutivo optó por esta vía dada la falta de tratamiento del proyecto de ley enviado al Congreso para la autorización de la salida de tropas y medios militares por parte de la Cámara de Diputados.
El Gobierno explicó que la inclusión de Argentina en este ejercicio es resultado de una invitación de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco de la cooperación bilateral entre ambas instituciones. Además, resaltó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de acuerdos previos establecidos entre los estados mayores de las fuerzas aéreas de ambos países.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo enfatizó que el objetivo del operativo es “contribuir a la estabilidad y la paz regional” mediante el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y la realización de ejercicios militares conjuntos. También se subrayó que estas actividades actúan como mecanismos para fomentar la confianza mutua y la seguridad regional.
La normativa establece que la participación de la Fuerza Aérea Argentina permitirá enriquecer las experiencias operativas combinadas, mejorar los niveles de interoperabilidad y avanzar en la estandarización de procedimientos dentro de una coalición multinacional.
Por otra parte, el Gobierno argumentó que dicho ejercicio será beneficioso para el entrenamiento del personal militar en planificación y conducción de operaciones aéreas conjuntas, además de mejorar la preparación de las tripulaciones para enfrentar escenarios de alta intensidad.
La edición 2026 del ejercicio también incorporará el concepto de operaciones multidominio, integrando capacidades aéreas en un escenario combinado bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual permitirá fortalecer las capacidades de planificación, conducción y ejecución de operaciones conjuntas entre las fuerzas participantes.
En este contexto, el Ejecutivo advirtió que la no participación en el Ejercicio Salitre 2026 podría impactar negativamente en el adiestramiento combinado e interoperable con Fuerzas Aéreas de países aliados, además de representar una oportunidad perdida para potenciar capacidades doctrinarias, operacionales y logísticas.
El decreto señala que los gastos relacionados con la participación argentina serán cubiertos con fondos de la Jurisdicción 45 del Ministerio de Defensa. Asimismo, la medida será enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del DNU según lo establecido por la Ley 26.122.
