Desde el Gobierno señalan que la reactivación de los procesos para la Corte y la Procuración dependerá de una decisión de Javier Milei, aunque por el momento no hay cambios en la estrategia. El Presidente ya había anticipado en marzo que no impulsaría candidatos para cargos que requieran mayorías calificadas en la Cámara alta.
La diferencia resulta central para la estrategia judicial del Ejecutivo. La designación de los jueces de la Corte Suprema y del Procurador General requiere el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, mientras que los magistrados de tribunales inferiores necesitan mayoría simple. El mismo requisito de dos tercios se aplica para el Defensor General.
La Corte actualmente funciona con tres de los cinco integrantes previstos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las dos vacantes se produjeron tras las renuncias de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El Gobierno había intentado cubrirlas con las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambos pliegos fueron rechazados por el Senado.
Aunque durante las últimas semanas circularon distintos nombres y Milei reconoció estar evaluando alternativas, el Ejecutivo minimiza la posibilidad de que haya designaciones durante 2026. En julio, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había señalado que la integración de la Corte no constituía una prioridad.
La Procuración General tampoco será abordada en los próximos meses. El cargo permanece ocupado de manera interina por Eduardo Casal desde 2017. Mahiques aparece como una eventual alternativa si el Presidente decide avanzar con la designación, aunque actualmente no existen instrucciones para activar el proceso.
La atención del Gobierno está concentrada en los pliegos que ya fueron enviados al Senado para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. El Ministerio de Justicia puso el foco en los juzgados de primera instancia y las cámaras de todo el país.
Entre los nombramientos considerados prioritarios se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ambos ya participaron de la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y el oficialismo busca llevar sus pliegos al recinto para su votación. Los expedientes fueron enviados al Senado en julio.
También está previsto que en los próximos meses el Ejecutivo envíe candidaturas para cubrir juzgados electorales, cargos que hasta ahora quedaron fuera de las remisiones al Congreso. Se trata de puestos con especial relevancia por las competencias que tienen en cada distrito.
En paralelo, el Ministerio de Justicia trabaja en una reforma de la estructura de la Justicia federal y nacional. Entre las alternativas que se analizan figura reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 los cargos de la Cámara Federal de Casación Penal. También se estudia disminuir posiciones en cámaras de la Justicia Nacional que actualmente se encuentran vacantes.
La iniciativa todavía no tiene una fecha definida de envío al Congreso. La intención del Ejecutivo es utilizar el nivel actual de vacantes para reorganizar algunas estructuras antes de avanzar con nuevas designaciones.
De esta manera, el Gobierno concentra su estrategia en los cargos judiciales que pueden cubrirse con mayorías ordinarias y posterga los nombramientos de la Corte y la Procuración, que requieren acuerdos de dos tercios en el Senado. Por ahora, el objetivo oficial es avanzar con los pliegos de Bertuzzi y Yadarola, completar otras vacantes, preparar las candidaturas para los juzgados electorales y continuar con la reforma de la estructura judicial.
