Las firmas brasileñas aparecen entre los potenciales oferentes debido a su experiencia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, un requisito establecido en el pliego de licitación para el operador técnico que integre cada propuesta.
La documentación del proceso exige que los postulantes acrediten antecedentes comprobables tanto en la operación de redes de agua potable como en la gestión de servicios de desagües cloacales.
Durante la etapa de consultas realizada a través del denominado data room, las autoridades aclararon que no alcanza con acreditar experiencia en uno solo de esos servicios, sino que el operador técnico debe demostrar trayectoria en ambos. Ese espacio está destinado a las empresas que adquirieron el pliego y les permite acceder a la documentación técnica, realizar consultas y visitar las instalaciones antes de presentar sus ofertas.
De acuerdo con información vinculada al proceso, los grupos locales interesados no reunirían por sí solos las condiciones técnicas exigidas, por lo que avanzan en la conformación de alianzas con operadores internacionales para cumplir con los requisitos establecidos.
Además de compañías brasileñas, entre los potenciales interesados también figura una empresa internacional con experiencia en la gestión de agua, tratamiento de efluentes y reutilización de recursos hídricos.
Pese al contexto diplomático, desde AySA consideran que todavía existe margen para que el proceso continúe sin modificaciones sustanciales. En ese sentido, no descartan que alguna de las empresas interesadas solicite una prórroga para la presentación de ofertas, una posibilidad prevista habitualmente en licitaciones de gran escala.
El cronograma vigente establece como fecha límite para presentar propuestas el 27 de agosto, jornada en la que está prevista la apertura de sobres. Una eventual extensión otorgaría más tiempo para completar las presentaciones y podría coincidir con una disminución de la tensión bilateral.
La empresa también analiza junto al Gobierno si el conflicto político entre ambos países podría tener impacto sobre el desarrollo del proceso licitatorio.
En el ámbito empresario consideran que la coyuntura diplomática tendría un efecto limitado debido a que se trata de una concesión con un horizonte de 30 años, lo que lleva a que las decisiones de inversión respondan principalmente a criterios de largo plazo.
La privatización contempla la venta del 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante continuará en poder de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La empresa continuará operando bajo un contrato de concesión que establece objetivos de inversión y de prestación del servicio durante el primer período tarifario de cinco años.
Entre los cambios implementados en los últimos años, la compañía destacó una reducción de su dotación de personal mediante un programa de retiros voluntarios, una disminución de la morosidad en el pago del servicio y una recuperación de los ingresos tarifarios con el objetivo de financiar la operación sin aportes del Tesoro Nacional.
El pliego de privatización, difundido el 15 de mayo, autoriza la venta sin fijar un precio base ni un valor mínimo de referencia. El resultado económico dependerá de la competencia entre los oferentes.
El contrato prevé inversiones por USD 1.940 millones durante los primeros cinco años y otros USD 2.030 millones en el segundo quinquenio. En total, el plan contempla desembolsos por USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Entre las metas previstas para la primera década se encuentran ampliar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de desagües cloacales del 63,9% al 65,3%, además de mejorar la presión del servicio.
El esquema también contempla la instalación de 100.000 medidores por año, la renovación de 500 kilómetros de redes de agua potable y 125 kilómetros de redes cloacales por ciclo, así como la ejecución de distintas obras de infraestructura previstas para los primeros años de la concesión.
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
