Uno de los postulantes, Nicolás Sabadini, quien aspira a convertirse en fiscal federal en la unidad fiscal de Resistencia, Chaco, fue el único que arribó con impugnaciones en su contra. Sabadini participó en investigaciones de gran notoriedad, incluyendo el caso de las facturas truchas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. También tuvo un rol en causas relacionadas con los chaqueños Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena, condenado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, así como en otras investigaciones por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra ex funcionarios del gobierno de Jorge Capitanich.
Adicionalmente, fue señalado por su hermana en un caso de violencia de género, tras contraer conflictos familiares y difundir un correo electrónico en el que la amenazaba. Sabadini se defendió en un escrito, rechazando las acusaciones como inexactas y carentes de fundamento. Aclaró su situación patrimonial, comentó que recibió una sanción disciplinaria hace 20 años que no implicó inhabilitación ni antecedentes penales, y que las denuncias por violencia fueron desestimadas por las autoridades competentes.
Durante la audiencia, apenas recibió dos preguntas de los senadores radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad. Losada inquirió acerca de las impugnaciones, particularmente la que señalaba demoras en el caso de Cecilia Strzyzowski. Sabadini explicó: “Esa causa es un desprendimiento de la causa sueños compartidos que se inicia antes de mi llegada como fiscal a la fiscalía general…” y agregó que no había tenido acceso a determinados expedientes durante su gestión.
Otro de los postulantes, Santiago French, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, estuvo involucrado en la causa contra el ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada, acusado de mal uso de fondos del estado. El senador peronista Mariano Recalde le preguntó acerca de su decisión de no aceptar los pedidos de nulidad presentados por Estrada. French respondió que la solicitud debía avanzar, aunque no había confirmado la veracidad de las acusaciones en su contra.
Las presentaciones comenzaron con María Laura Irastorza, propuesta como defensora pública de víctimas en Río Negro, quien enfatizó la importancia del acceso a la justicia para las personas más vulnerables. Pedro Manuel Crespo, nominado para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 28, resaltó que el ejercicio de la magistratura exige “una fuerte vocación pública y republicana” y mencionó el impacto crucial de los conflictos comerciales en la vida social y económica.
Además, hubo postulaciones para diversos cargos judiciales, incluyendo a Amanda Espino como defensora pública oficial ante tribunales orales en lo criminal de Capital Federal, Santiago José Martín como vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Fernando Alcaraz como fiscal federal en Mendoza, Javier Cosentino como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital, José Ignacio Polizza como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 14 de la Capital, María Gabriela Janeiro como jueza del juzgado federal de primera instancia de seguridad social n.º 5 de Capital, y Mariano Klumpp como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 9 de Capital.
