Cintia Gómez, la legisladora que promueve esta iniciativa, argumentó que algunos diputados comenzaron a ejercer sus funciones en mayo, trabajaron solamente un par de meses y ya gozan de dos semanas de asueto. El receso está programado del 6 al 22 de julio.
“Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tienen 30 días de vacaciones. Un trabajador privado necesita más de 10 años de antigüedad para conseguir las mismas vacaciones”, comparó Gómez, en declaraciones recogidas. La propuesta busca mantener la actividad de ambas cámaras legislativas.
La diputada aseguró que cuenta con el apoyo del PRO, aunque reconoció que aún no se ha discutido con el resto de los legisladores.
Desde Cambia Mendoza se han opuesto al proyecto, calificándolo de “populista”. Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial argumentando que es una de las que más sesiones celebra en el país.
“Si bien el periodo ordinario comienza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, exceptuando estas dos semanas de receso del personal administrativo, incluidos los taquígrafos que son imprescindibles para las sesiones”, señalaron.
De acuerdo con informaciones de medios locales, el receso invernal de la Legislatura se acordó en paritarias con el personal administrativo. En este sentido, los legisladores que rechazan la propuesta sostienen que sin esos trabajadores no es posible llevar a cabo sesiones ni reuniones de comisiones.
Sin embargo, Gómez afirmó que la actividad legislativa podría continuar con reemplazos del personal: “No pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie; lo que digo es que la falta de personal se puede reemplazar, así como sucede en otras instituciones que siguen operando. ¿Cómo se las arreglan hospitales o fuerzas de seguridad para funcionar durante las vacaciones?”.
El proyecto ingresó a la Legislatura provincial el lunes 29 de junio. Según el documento, Gómez argumentó que “las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan” y que es necesario “revisar prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, resultan distantes de la realidad actual”.
La legisladora manifestó que “la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen en julio”. En esta línea, expresó: “Las inquietudes de las familias persisten, y los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico continúan requiriendo atención y respuestas por parte de las cámaras y sus legisladores”.
También indicó que los municipios, las instituciones y los sectores productivos no interrumpen sus actividades en ese período: “La continuidad de la actividad parlamentaria en julio representa una oportunidad para estrechar el vínculo entre los mendocinos y sus representantes”.
Gómez resaltó que los legisladores provinciales elegidos en las elecciones de medio término asumen sus funciones el 1° de mayo y, a solo dos meses de su inicio, entran en período de receso. Además, afirmó que su proyecto “no pretende afectar derechos laborales ni menospreciar la labor de los trabajadores legislativos”.
“Cuanto más cercana sea la política a la cotidianidad de las personas, más fuerte será la confianza sobre la que se sostiene la democracia”, concluyó.
