El análisis de una consultora privada señala que el escenario previsto resulta especialmente favorable para el agro, la energía y la construcción, mientras que presenta un impacto relativamente neutro para la minería, el petróleo y el gas.
En materia energética, las partidas destinadas a “Energía, Combustibles y Minería” tendrán una reducción real del 16,4% frente a 2026. La disminución está vinculada con el recorte de subsidios y con el traslado de parte del financiamiento hacia el sector privado.
La infraestructura vial aparece, en cambio, entre las áreas que reciben incentivos. El artículo 67 del proyecto incorpora beneficios para la Red Federal de Concesiones, mientras que el artículo 72 propone incorporarlos a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, con el objetivo de convertirlos en un esquema permanente.
En el frente financiero, los “Servicios de la Deuda Pública” demandarán $15,23 billones, aunque el monto representa una baja técnica dentro de la Administración Nacional. Al mismo tiempo, el artículo 42 habilita al Poder Ejecutivo a emitir hasta US$33.700 millones en títulos públicos en moneda y jurisdicción extranjera.
El sector agropecuario aparece con una perspectiva exportadora favorable para 2027, a partir de la reducción gradual de las retenciones y de una proyección de ventas externas por US$133.984 millones. Sin embargo, el proyecto también contempla modificaciones que afectan el financiamiento de organismos vinculados con la actividad.
La eliminación de asignaciones específicas, entre ellas una correspondiente al 0,65% de las importaciones, impactará sobre los recursos destinados al INTA, el SENASA y el INTI. Según las estimaciones difundidas en el análisis del proyecto, el INTA podría registrar una caída de entre 50% y 57% en sus ingresos, mientras que para el SENASA la reducción se ubicaría entre 40% y 58%.
En el caso del INTA, los gastos previstos pasarían de $360.124 millones a $315.538 millones, una disminución nominal del 12,4%. Además, se proyecta la pérdida de 837 cargos, equivalente a una reducción del 11,7%. También se señala que $231.337 millones, el 42% de los recursos proyectados, quedarían registrados como “aplicación financiera” y no serían destinados a tareas del organismo.
No todos los organismos vinculados con el sector agropecuario tendrían la misma evolución. El Instituto Nacional de Semillas tendría un incremento real del 8,9%, hasta alcanzar $27.200 millones, mientras que el Instituto Nacional de Vitivinicultura registraría una reducción real del 2,1%.
En la industria orientada al mercado interno, el escenario aparece más desfavorable. Un análisis privado señala que la mayor presión se concentraría en actividades expuestas a la competencia de productos importados, particularmente textiles, automotriz, electrodomésticos y electrónica fueguina. El análisis relaciona esta situación con una apreciación del tipo de cambio real y con un aumento proyectado del 8,2% en las importaciones.
En Tierra del Fuego, el gasto tributario asociado al régimen de promoción disminuiría del 0,15% al 0,13% del PBI, en un contexto de menores volúmenes de producción previstos. Al mismo tiempo, los artículos 26 y 27 del proyecto mantienen incentivos fiscales acotados, con un cupo de $4.000 millones para proyectos de “Biotecnología y Nanotecnología”, además de una redistribución de saldos no utilizados hacia la “Promoción de la Innovación Tecnológica”.
El proyecto también contempla cambios en las prestaciones sociales. El artículo 17 elimina la actualización automática por inflación de la AUH y de las asignaciones familiares. Por su parte, las “Prestaciones a la Seguridad Social” constituyen el componente de mayor peso dentro del presupuesto estatal.
Estas erogaciones llegarán a $98,08 billones, equivalentes al 48,5% del gasto total de la Administración Nacional y al 58,9% de la función Seguridad Social. El monto implica un aumento nominal del 29,6% y una suba real del 5,4% ajustada por IPC.
Dentro de este apartado, el haber mínimo aparece como uno de los puntos señalados en el análisis técnico. El bono mensual de $70.000 se mantendría sin modificaciones, lo que implicaría, de acuerdo con esa estimación, una pérdida del 17% de su valor real interanual.
El proyecto también introduce modificaciones en materia de discapacidad. Los artículos 39 y 41 eliminan la homogeneidad del Nomenclador de Discapacidad.
Otro de los aspectos destacados es la evolución de la presión tributaria. Los análisis citados coinciden en que el mantenimiento del superávit fiscal no estaría acompañado por una reducción de la carga impositiva. La presión tributaria pasaría del 21,06% al 21,70% del PBI, un incremento de alrededor de 0,6 puntos porcentuales.
Los principales aumentos estarían vinculados con el Impuesto a los Combustibles, que crecería 35,7% por la actualización de las sumas fijas, y con los Derechos de Exportación y de Importación, que aumentarían 17,3% y 15,5%, respectivamente.
El costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) constituye otro de los puntos que genera cuestionamientos. En el proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que, debido a que la mayoría de los proyectos adheridos todavía se encuentran en etapas iniciales de implementación, el gasto tributario podrá estimarse en etapas posteriores.
El economista Nicolás Gadano cuestionó que el proyecto no detalle el monto de la renuncia fiscal asociada a esos beneficios y planteó que debería incorporarse esa información aun cuando las promociones estén justificadas.
En conjunto, el esquema presupuestario proyectado para 2027 combina la continuidad del objetivo de equilibrio fiscal con una distribución desigual de sus efectos entre sectores productivos, organismos públicos, prestaciones sociales y actividades vinculadas al mercado interno.
