La protesta comenzó frente al Congreso, donde se había desplegado un amplio operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno nacional, y terminó frente a la Casa Rosada. La convocatoria llevó como consigna “Avanzar hacia la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra”.
Durante el acto se leyó un documento en el que las organizaciones participantes plantearon que existía una “bronca que crece desde abajo” y cuestionaron distintas políticas implementadas por la administración nacional. Entre los reclamos mencionaron el cierre de 30.000 empresas y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo, además del desfinanciamiento de hospitales y las dificultades que, según plantearon, atravesaban universidades, docentes, estudiantes y científicos.
También cuestionaron la reducción de alimentos destinados a comedores comunitarios, las políticas dirigidas a las personas con discapacidad y la situación de los jubilados. En el documento, los organizadores sostuvieron que no se trataba de “errores ni excesos aislados”, sino de un “plan de guerra contra el pueblo trabajador”.
Las críticas también alcanzaron a la situación política del Gobierno. Los manifestantes sostuvieron que la administración nacional atravesaba las consecuencias de sus propias políticas y mencionaron distintas crisis y denuncias, entre ellas el caso $LIBRA, el episodio relacionado con Adorni y acusaciones de corrupción que, según expresaron, llegaban a los niveles más altos del oficialismo.
El documento fue leído por Liliana Daunes y Mirta Israel desde un escenario instalado frente a la Pirámide de Mayo. Detrás del escenario, un vallado dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación separaba la concentración de la Casa Rosada. La movilización ocupó una parte importante de la Plaza de Mayo.
Además de cuestionar al Gobierno nacional, los organizadores apuntaron contra los sectores políticos que, según denunciaron, contribuyeron a garantizar su funcionamiento parlamentario. En particular, señalaron a gobernadores y bloques políticos a los que acusaron de respaldar leyes, vetos, acuerdos y otras iniciativas oficiales.
El documento también incluyó críticas a sectores del Partido Justicialista que, según los manifestantes, estaban dispuestos a negociar derechos y mencionó el respaldo del justicialismo en el Senado para la aprobación de los pliegos de jueces enviados por el Gobierno. A los gobernadores se les atribuyó además la aplicación de políticas de ajuste en sus propias provincias.
Entre los cuestionamientos dirigidos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, se mencionó la situación de la empresa de neumáticos FATE. Las organizaciones sostuvieron que la administración bonaerense no intervino para garantizar la continuidad productiva de la compañía y la preservación de los puestos de trabajo, y afirmaron que priorizó un acuerdo con empresarios.
El planteo se realizó en el contexto del conflicto protagonizado por el gremio SUTNA, cuyo perfil político se encuentra vinculado a la izquierda, luego de que sus integrantes fueran notificados del desalojo del predio de la compañía ubicado en San Fernando, ocupado tras el cierre de la planta en febrero.
La conducción de la CGT también fue uno de los principales blancos de la protesta. Los organizadores cuestionaron su actuación frente a las políticas del Gobierno y sostuvieron que su acuerdo con la administración nacional permitió el avance del programa oficial. También la acusaron de haber abandonado la lucha contra la reforma laboral, negociar beneficios y responder con medidas aisladas frente a cada una de las iniciativas cuestionadas.
En ese marco, reclamaron la convocatoria a un nuevo paro general como parte de un plan de lucha a nivel nacional.
Entre los dirigentes que participaron de la movilización estuvieron los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el legislador bonaerense Cristian Castillo, la diputada porteña Vanina Biasi y los dirigentes Néstor Pitrola y Gabriel Solano. También participaron Eduardo Belliboni, Rubén “Pollo” Sobrero, Alejandro Bodart, Alejandro Lipcovich y la exlegisladora porteña Celeste Fierro, entre otros referentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales.
La jornada del 19 de septiembre tuvo como eje el rechazo al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, una posición crítica frente a sectores opositores a los que las organizaciones participantes consideran responsables de acompañar o facilitar distintas medidas de la administración de Milei.
