De acuerdo con registros oficiales de la Dirección de Defensa al Consumidor de la provincia de Buenos Aires, las denuncias por prácticas abusivas en la categoría de acoso se multiplicaron en menos de tres años. A este fenómeno se suma la expansión de situaciones de violencia vinculadas a prestamistas informales en distintos barrios, donde se registraron amenazas, agresiones físicas y reclamos mediante la retención de bienes.
El aumento de la morosidad dejó de ser únicamente una problemática financiera y comenzó a reflejar un conflicto social que afecta a numerosas familias. La dificultad para sostener los gastos cotidianos con ingresos limitados se combina con la presión ejercida por estudios jurídicos, empresas de cobranza y prestamistas informales.
Según los datos oficiales bonaerenses, las denuncias por “Prácticas abusivas” dentro de la subcategoría “Acoso” pasaron de 393 casos en 2024 a 1.064 durante 2025. Al 31 de mayo de 2026, ya se habían registrado 1.237 presentaciones.
Los reclamos están vinculados principalmente con agencias de cobranza y estudios jurídicos que adquirieron carteras de deudores provenientes de bancos y otras entidades financieras. Un análisis elaborado por un centro de estudios económicos señala que el incremento de la venta de estas carteras coincide con un período de alta volatilidad en las tasas de interés y una caída del ingreso real entre fines de 2025 y comienzos de 2026.
Mientras crece este problema, el Gobierno avanza con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que plantea limitar algunas facultades de la autoridad monetaria. Entre los cambios previstos se encuentra una restricción a la posibilidad de orientar el crédito hacia determinados sectores o establecer políticas diferenciadas de financiamiento, además de impedir la compra de deuda pública en el mercado primario.
Entre las prácticas denunciadas aparecen mensajes que anuncian supuestas visitas al domicilio laboral o familiar por deudas pendientes, con advertencias sobre nuevas instancias de reclamo o intervenciones de escribanos.
También se detectaron comunicaciones con formato de notificaciones judiciales falsas, en las que se anuncian supuestos procesos ejecutivos, embargos o retenciones salariales con el objetivo de generar temor en los deudores.
La situación se vuelve más compleja cuando intervienen prestamistas informales. En barrios donde muchas personas no tienen acceso al crédito formal, algunos recurren a préstamos otorgados fuera del sistema financiero tradicional y quedan expuestos a mecanismos de cobro violentos.
Un caso registrado en el conurbano bonaerense refleja esta situación: una mujer tomó un préstamo informal de $800.000 y, pese a haber devuelto $1.100.000 en menos de un mes, continuó recibiendo reclamos por una suma adicional bajo amenazas contra sus bienes personales.
Aunque este tipo de prácticas no es nuevo en sectores vulnerables, distintos análisis señalan que el contexto de caída de ingresos, menor actividad económica y deterioro del empleo formal favoreció su expansión.
Un relevamiento sobre endeudamiento familiar muestra que los menores de 35 años son uno de los grupos más afectados por la mora, con niveles superiores al 25% y picos que pueden alcanzar el 45%, dependiendo del tipo de entidad acreedora. También identifica un mayor impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias del interior.
El estudio incluye un mapa del endeudamiento que permite observar la evolución de las deudas familiares según provincias y zonas urbanas.
Los niveles de mora varían de manera significativa según el origen del crédito. Los proveedores no financieros de crédito presentan los índices más elevados, con una tasa cercana al 48%. Luego aparecen las tarjetas no bancarias, con alrededor del 33%, y los bancos digitales, con más del 23%.
En comparación, los bancos privados muestran una mora cercana al 19%, mientras que las entidades públicas registran valores de aproximadamente 10%. Las compañías financieras presentan los niveles más bajos, con una tasa inferior al 5%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que quienes tomaron créditos deben asumir sus compromisos y descartó la implementación de medidas de alivio al considerar que se trata de una relación entre privados.
En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en el funcionamiento del Banco Central que reducirían algunas de sus facultades. La evolución de la morosidad plantea el desafío de abordar un problema que dejó de concentrarse únicamente en el sistema financiero y pasó a impactar directamente sobre los hogares.
