Redrado sostuvo que deberían buscarse mecanismos que permitan reorganizar el endeudamiento sin generar un costo fiscal o cuasifiscal. Según su planteo, una reducción de la carga financiera permitiría liberar recursos para el consumo y la producción y contribuir a una recuperación de los ingresos y el empleo.
Entre las herramientas disponibles, destacó una disposición del Banco Central según la cual las refinanciaciones notificadas hasta el 31 de diciembre de 2027 para deudores que atraviesen dificultades financieras no implicarán, bajo determinadas condiciones, un deterioro automático de su clasificación crediticia.
La normativa establece además un tratamiento especial para el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas y las previsiones por riesgo de incobrabilidad, siempre que el deudor cumpla con los pagos de las nuevas condiciones de financiamiento. Este esquema contempla un plazo especial de 90 días hasta el 30 de abril de 2027.
A partir del 1° de mayo de 2027, el cómputo de los días de atraso volverá a ajustarse al plazo general de 30 días establecido por la normativa.
En términos prácticos, Redrado planteó que las entidades podrían ofrecer plazos más extensos y tasas de interés fijas a quienes demuestren voluntad de pago. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona con ingresos mensuales de $1 millón que no puede afrontar una cuota de $400.000, pero sí podría destinar $100.000 mensuales al pago de su deuda.
En ese escenario, propuso que las refinanciaciones puedan extenderse hasta cinco años, con condiciones que permitan reducir el peso de la cuota mensual.
La calificación crediticia es otro de los puntos centrales. De acuerdo con el sistema del Banco Central, quienes cumplen regularmente sus obligaciones se encuentran en situación 1, mientras que los atrasos provocan un deterioro de la clasificación y obligan a las entidades a incrementar las previsiones por posibles pérdidas.
Por este motivo, Redrado propuso mantener en situación 1 a los deudores que demuestren voluntad de pago durante los procesos de refinanciación, incluso cuando las nuevas cuotas sean inferiores a las establecidas originalmente.
El planteo se produce en un contexto de fuerte aumento de la morosidad de los créditos a personas físicas. En junio, alcanzó el 17,5% del total otorgado y acumuló veinte meses consecutivos de incremento.
