La decisión, difundida este martes, sostiene que la resolución de la jueza representa “una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado” y le ordena revisar su competencia para seguir participando en el caso.
El tribunal consideró “inadmisible” el hecho de suspender la implementación de una ley a través de una medida cautelar, apuntando que la magistrada fundamentó su decisión en “supuestos abstractos”, sin evidenciar una afectación concreta y actual de algún adolescente en particular.
El fallo resalta que “un juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, mediante una medida cautelar, aunque sea de forma provisoria y por un periodo determinado, sin causar un grave daño al sistema republicano de gobierno”.
La jueza Pascual, responsable del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había accedido la semana pasada a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, popularmente conocido como padre Pepe, en representación de jóvenes en situación de privación de libertad.
En su fallo, la jueza había manifestado preocupaciones sobre la capacidad e infraestructura de la provincia para implementar la modificación normativa aprobada por el Congreso hace más de seis meses.
La Cámara indicó que “las leyes sancionadas conforme a los procedimientos establecidos gozan de presunción de legitimidad, lo que las habilita para su aplicación”, y añadió que cualquier intento de anularlas podría llevar a un pronunciamiento de inconstitucionalidad en situaciones concretas.
A pesar de ello, los magistrados que emitieron la nueva decisión subrayaron que “este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes privados de libertad en la provincia”, pero afirmó que cualquier agravamiento de sus condiciones de detención debe ser abordado por el juez encargado de cada caso mediante medidas urgentes.
Desde la Asociación Usina de Justicia, que había denunciado a la jueza por abuso de autoridad, celebraron el fallo. “Esto es la victoria de la gente. Una jueza desconectada de la realidad, como el kirchnerismo, pensó que iba a lograr la suspensión y le salió muy mal porque terminó denunciada y con un pedido de juicio político”, remarcó Fernando Soto, abogado de la Asociación.
