Amarante desestimó un requerimiento del fiscal Pablo Turano y envió un oficio a su colega Verónica Straccia para asumir el caso relacionado con la quinta de Pilar, que abarca cinco hectáreas y tiene un valor estimado en 25 millones de dólares. Presuntamente, la propiedad está a nombre de testaferros de Toviggino.
El juez argumenta que los delitos tributarios en cuestión, que ya tienen procesamientos firmes contra la AFA y Tapia, son “más graves” que el lavado de activos, además de estar su causa más avanzada.
La disputa judicial que había durado siete meses entre la justicia federal de Campana y el fuero penal económico de la ciudad de Buenos Aires sobre quién debería encargarse de la causa de la mansión ha cobrado un nuevo giro con la reclamación de Amarante.
El fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, abogó por que su expediente fuera trasladado al juzgado 10 para su acumulación con la causa existente.
El agente de la FIFA, Guillermo Luis Tofoni, con la representación legal de Alberto Baños, había presentado una denuncia contra Tapia y Toviggino, alegando que habrían desviado fondos de la AFA hacia empresas ficticias, estableciendo un “enorme esquema de lavado de activos”.
Tofoni sostuvo que las transferencias de dinero desde España y Estados Unidos se realizaban a empresas intermedias vinculadas a Marcelo Saracco. Posteriormente, los fondos regresaban a Buenos Aires a través de una red de financieras en el microcentro, pasando por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon y “finalmente terminando en la sede de la AFA de la Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta”.
Amarante coincidió en que existe conexión entre ambos casos, pero concluyó que deben ser tratados en su juzgado, donde ya se investiga a la AFA, Tapia y Toviggino por delitos tributarios.
El magistrado también indicó que su expediente es, sin duda, el más avanzado. El 30 de marzo de 2026, procesó a Tapia, Toviggino y a la AFA como persona jurídica. Esta decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico el 26 de junio, el mismo día en que la causa madre llegó al Juzgado N° 10, presidido por Straccia.
Adicionalmente, el 8 de mayo, ARCA amplió la denuncia contra la AFA y sus directivos por presunta evasión agravada mediante facturación falsa por un monto de $289.336.519,66, así como por la posible formación de una asociación ilícita fiscal.
Con este panorama, Amarante argumentó que su tribunal investiga el delito más grave y, por lo tanto, considera que este caso debe quedar bajo su jurisdicción. El lavado de activos, conforme a lo que investiga Straccia, tiene una pena de entre tres y diez años de prisión, mientras que los delitos tributarios de su juzgado presentan mínimos que van de tres años y seis meses a cuatro años y hasta cinco años, con penas máximas de seis, nueve y diez años.
Por esta razón, el juez decidió rechazar la solicitud de incompetencia presentada por el fiscal Turano y solicitó a Straccia que le envíe la causa de la quinta de Pilar.
La mansión de Villa Rosa, que cuenta con un helipuerto, caballos árabes y una colección de casi cincuenta vehículos, figura oficialmente a nombre de una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, aunque se sospecha que son testaferros de autoridades de la AFA.
La jueza Straccia tiene la opción de aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o de rechazarla. En caso de que optase por lo segundo, se generaría una contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico.
