En el ámbito financiero internacional existe una analogía con el deporte: algunos países compiten en el Mundial del crédito, mientras que otros apenas logran mantenerse en la zona de promoción al enfrentar tasas de interés considerablemente elevadas, alimentadas por la desconfianza en su capacidad de devolución de préstamos.
Argentina forma parte de este segundo grupo. Por eso, la reciente declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar la hoja de ruta financiera del Gobierno, ha cobrado relevancia. Su meta es restaurar el grado de inversión hacia finales de 2031, un objetivo que, de lograrse, marcaría un hito significativo para una economía con un historial de defaults y crisis cambiarias.
El desafío que enfrenta el país es, sin duda, monumental. Recientemente, Argentina logró avanzar su calificación de CCC+ a B- según S&P Global Ratings, un cambio que refleja la evolución del panorama macroeconómico en los últimos dos años. Sin embargo, el grado de inversión se inicia en BBB-, lo que implica que aún son necesarios seis ascensos más.
La mejora lograda por S&P es notable, pues elimina la categoría asociada con un riesgo muy alto de incumplimiento. La agencia destacó varios factores, como el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de las reservas, que han permitido reducir el riesgo de default. No obstante, el informe recalca que el trabajo apenas comienza.
Entre las debilidades identificadas por la calificadora destacan la inestabilidad macroeconómica, la fluctuación constante de las normas, la falta de credibilidad institucional y el extenso historial de reestructuraciones de deuda.
En resumen, el mercado parece empezar a aceptar que Argentina puede cumplir con sus obligaciones, pero persiste la incertidumbre sobre su capacidad para mantener esta conducta a largo plazo.
Al abordar el grado de inversión, a menudo se comete el error de enfocarse exclusivamente en la relación deuda sobre PBI, lo cual es incompleto. Las agencias como S&P y Moody’s llevan a cabo un análisis exhaustivo que incluye la solidez fiscal, la evolución de la deuda, el acceso a financiamiento, las reservas internacionales, la inflación, la estabilidad del tipo de cambio y la calidad de las instituciones.
Además, consideran un aspecto intangible y difícil de cuantificar: la voluntad política de cumplir con la deuda en cualquier circunstancia. En este punto, Argentina carga una pesada mochila de defaults que repercute en su imagen.
Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO, sostiene que “con la deuda que tiene hoy Argentina y con superávit fiscal, el riesgo país es injustificadamente alto”. Según él, el problema radica en la reputación afectada por la sucesión de incumplimientos, reestructuraciones compulsivas y cambios de gobierno.
A su juicio, el verdadero reto radica no solo en sanear las cuentas públicas, sino en convencer a los acreedores de que ha concluido la era del incumplimiento crónico. Esto implica garantizar que se mantenga el equilibrio fiscal, independientemente de los cambios gubernamentales. Asimismo, proyectos como el RIGI, la explotación de Vaca Muerta, el GNL y la minería del cobre podrían generar un aumento significativo en las exportaciones y mejorar la disponibilidad de divisas.
Gabriel Caamaño, director de Outlier, comparte esta perspectiva. “¿Se puede llegar? Sí. ¿Es exigente? También. Pero no es una locura”, afirma, destacando que la clave radica en no confundir estabilidad con parálisis. Para alcanzar el grado de inversión, aún son necesarias varias reformas, como eliminar las restricciones cambiarias, normalizar el acceso al mercado de cambios para las empresas, establecer un régimen monetario más claro y volver a refinanciar los vencimientos de deuda en condiciones normales. “No se logra en piloto automático”, señala.
Desde Wall Street, la mirada hacia esta meta es mixta entre reconocimiento y cautela. Un analista de un importante banco de inversión ve favorable que el Gobierno establezca un objetivo tan ambicioso, ya que puede ayudar a ordenar expectativas. Sin embargo, expresa dudas sobre la viabilidad de alcanzar esta meta en un plazo de cinco años. “No es imposible, pero sí poco probable”, argumenta, apoyando su perspectiva más en la historia que en los números.
Las mejoras en las métricas fiscales, la estabilización de la deuda en dólares, el potencial del sector energético y el aumento proyectado en las exportaciones de petróleo y gas pueden resultar en un cambio estructural en la generación de divisas. Sin embargo, las calificadoras buscan evaluar no solo el presente, sino también prever el futuro.
Es crucial para ellas confirmar que los cambios no sean efímeros, sino que sobrevivan al próximo ciclo político y que Argentina no vuelva a la senda de déficits, emisión y reestructuración de deuda. Por ello, la credibilidad es tan importante como el equilibrio fiscal.
Probablemente, la mayor dificultad para alcanzar la meta de Caputo no radique únicamente en lo económico. Independientemente de quién sea el Presidente en 2031, las agencias buscarán verificaciones de que la disciplina fiscal se haya convertido en una política de Estado, más allá de la voluntad de una administración.
El grado de inversión no debe considerarse como un premio momentáneo, sino como un certificado de confianza que se construye a lo largo del tiempo. Argentina ha conseguido salir de la zona de riesgo de un nuevo default; ahora enfrenta el reto mucho más complejo de convencer a los inversores de que los cambios son duraderos y parte de una nueva normalidad.
