Hasta el momento, el Senado aprobó 74 pliegos el 4 de junio —72 de ellos por unanimidad— y otros 29 el 16 de julio. En total, son 103 pliegos aprobados desde abril, aunque no todos completaron el proceso de designación. Entre los casos ya formalizados se encuentran Víctor Pesino, camarista del fuero laboral, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. En cambio, otros postulantes, como María Verónica Michelli, continúan a la espera de la firma presidencial.
Además, permanece pendiente el tratamiento de un paquete de al menos 26 pliegos con dictamen de comisión que el oficialismo esperaba llevar al recinto antes del receso invernal. A esto se suma una nueva tanda de postulaciones que comenzará a debatirse próximamente.
Las audiencias públicas previstas para el 4 y 5 de agosto incluirán la presentación de Agustín Rubiero y Matilde Ballerini, junto con otros candidatos destinados a cubrir juzgados y defensorías del interior del país en provincias como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Chubut, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos. También se analizarán nuevas vocalías en la Cámara Civil y en la Seguridad Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos que refleja la estrategia del oficialismo es el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En abril, Pesino había avalado la continuidad de la reforma laboral, que había sido frenada mediante una medida cautelar impulsada por la CGT, y también había respaldado la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
Posteriormente, el Gobierno impulsó la renovación de su cargo, que estaba próximo a finalizar por haber alcanzado el límite de edad de 75 años. El Senado aprobó su pliego el 16 de julio por 35 votos a favor y 32 en contra, principalmente del kirchnerismo. Finalmente, el decreto 615/2026 publicado en el Boletín Oficial confirmó su continuidad en la Sala VIII por un período adicional de cinco años.
La permanencia de Pesino resulta relevante para el Gobierno debido a que ese tribunal continúa interviniendo en causas vinculadas con la reforma laboral. La extensión de su mandato también llamó la atención porque, en paralelo, el oficialismo impulsa el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Ese convenio, firmado entre el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, fue aprobado en febrero cuando el Senado lo incorporó como anexo de la reforma laboral. El traslado generó resistencia por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la CGT, que lograron una medida cautelar para frenar parte del proceso. Sin embargo, el acuerdo continúa avanzando y modifica la estructura futura del fuero laboral.
En ese marco, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires envió recientemente a la Legislatura porteña un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos dentro del nuevo fuero del Trabajo.
Un contraste dentro de este proceso fue el caso de Martín Irurzun, quien hasta hace pocos días integraba la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, uno de los tribunales más importantes del país por su intervención en causas de corrupción y delitos complejos.
El Ejecutivo decidió no impulsar la continuidad de Irurzun al alcanzar los 75 años, y su intento de permanecer en el cargo por vía judicial no prosperó. La Cámara Contencioso Administrativa rechazó su pedido cautelar, el procurador Eduardo Casal consideró inadmisible su recurso y la Corte Suprema, con la firma de Horacio Rosatti, rechazó su apelación durante la feria judicial.
Finalmente, el Gobierno pidió al Consejo de la Magistratura iniciar el concurso para cubrir esa vacante. La situación fue contrastada con la renovación de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien sí obtuvo la extensión de su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.
Otro nombramiento que generó cuestionamientos fue el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. Su candidatura para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe contó con el respaldo unánime del Consejo de la Magistratura, aunque con la abstención de su padre.
La postulación tuvo como antecedente la renuncia de Rosatti en 2022 a otro concurso judicial luego de haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Su tratamiento generó tensiones dentro del bloque oficialista del Senado, ya que algunos legisladores libertarios buscaban postergar la votación, pero finalmente la Casa Rosada impulsó su inclusión en la sesión.
En esa misma jornada se aprobó su pliego junto con otros nombramientos. El decreto 445/2026 confirmó su designación como juez federal en Santa Fe.
Durante esa sesión también estuvo en discusión el caso de María Verónica Michelli, cuyo pliego fue enviado por el Gobierno para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. Posteriormente, el Ejecutivo pidió retirar su candidatura al conocerse que era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien había investigado causas relacionadas con el oficialismo.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, no acompañó ese pedido y el Senado terminó incorporando el pliego dentro del paquete aprobado. Michelli fue designada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, una de ellas correspondiente a Bullrich.
Pese a esa aprobación, en la Casa Rosada no avanzaron con su designación, debido a que Milei no tendría intención de firmar el nombramiento y porque el tribunal para el que fue asignada aún no comenzó a funcionar. Para su puesta en marcha era necesaria una acordada de habilitación de la Corte Suprema, un trámite que podría extenderse durante años.
Otros nombres también generaron observaciones por sus vínculos y antecedentes. Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien dirigía la oficina encargada de las escuchas judiciales federales, fue designado en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. Es considerado cercano al juez Ariel Lijo, propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema, y su pliego fue aprobado junto al de Pesino el 16 de julio.
Entre los próximos candidatos que serán evaluados aparecen Agustín Rubiero y Matilde Ballerini. Rubiero fue propuesto para integrar la Sala D de la Cámara Civil y formó parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021, pese a no ser especialista en esa materia. Su postulación generó críticas debido a que la sala a la que aspira ha intervenido en expedientes vinculados con investigaciones por presunto lavado de dinero dentro de ese organismo.
Ballerini, por su parte, busca renovar su cargo en la Sala B de la Cámara Comercial al alcanzar los 75 años. Integra el tribunal que interviene en la quiebra del Correo Argentino, empresa perteneciente a la familia Macri, un expediente que lleva más de dos décadas abierto. En 2022 fue una de las juezas que suspendió el avance del proceso a pedido de la empresa, decisión que fue cuestionada por la fiscal del caso.
También existen cuestionamientos en el área de defensorías y fiscalías. María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, busca convertirse en fiscal general de los Tribunales Orales en lo Penal Económico. La oposición señaló que llegó a su cargo actual durante la gestión de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y que en 2023 declaró como testigo en el juicio político contra la Corte Suprema por el fallo del 2×1.
En la misma línea, Hernán Figueroa y Ana Clarisa Galán Muñoz fueron vinculados por sectores opositores con la agrupación Justicia Legítima, relacionada históricamente con el kirchnerismo. Galán Muñoz, además, había denunciado en 2022 a un fiscal federal de Salta por violencia de género y acoso laboral.
