Durante años, las políticas de inclusión financiera estuvieron concentradas en ampliar el acceso al sistema. El objetivo era incorporar a más personas al circuito bancario, impulsar los pagos electrónicos y facilitar el acceso a servicios que anteriormente estaban restringidos. Los datos disponibles muestran el alcance de ese proceso.
Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al cierre de 2025 había 37,8 millones de personas con cuentas y la exclusión por falta de cuentas era prácticamente nula. Durante ese año, el 87% de los titulares registró actividad en sus cuentas. Además, en julio de 2026 se realizaron más de 777 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 22% más que durante el mismo mes del año anterior.
El crecimiento del acceso, sin embargo, no implica necesariamente un mayor conocimiento sobre los productos utilizados. Obtener un préstamo mediante una aplicación no significa comprender su costo total, del mismo modo que contar con una tarjeta no supone conocer las consecuencias de financiar un saldo. Algo similar ocurre con las inversiones: poder operar con pocos pasos no implica necesariamente comprender la relación entre riesgo y rendimiento.
La situación del crédito también muestra que existen otros factores que deben ser considerados. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del BCRA, la irregularidad del crédito destinado a particulares alcanzó el 12,9% en julio, frente al 3,6% registrado en empresas. La morosidad no puede atribuirse únicamente al nivel de conocimientos financieros, ya que también intervienen los ingresos, las tasas de interés, las condiciones macroeconómicas y las políticas de otorgamiento de crédito.
Al mismo tiempo, el avance de la digitalización hizo que la contratación de productos financieros fuera más sencilla, pero no necesariamente más fácil de comprender. En este contexto, la educación financiera aparece como un complemento de la inclusión y no como un reemplazo del acceso.
El planteo implica que las herramientas financieras deberían estar acompañadas por información clara. Comprender el costo financiero total permite comparar distintas alternativas de crédito, mientras que diferenciar entre tasas nominales y efectivas ayuda a evaluar ofertas. Del mismo modo, conocer la relación entre riesgo y rendimiento resulta relevante a la hora de decidir cómo invertir los ahorros.
La educación financiera también involucra a las entidades que ofrecen estos productos. Entre las cuestiones centrales se encuentran la presentación clara de las condiciones, la información sobre el costo financiero total y el otorgamiento de créditos de acuerdo con la capacidad de pago. Los bancos, además, desarrollan estas actividades dentro del marco regulatorio establecido por el BCRA.
Una de las propuestas planteadas es incorporar estos conocimientos desde la escuela secundaria. Elaborar un presupuesto, comprender las consecuencias del endeudamiento, comparar créditos, conocer el efecto del interés compuesto y reconocer posibles fraudes forman parte de las herramientas que pueden resultar útiles para las decisiones económicas cotidianas.
Un antecedente citado para medir estas capacidades es el estudio realizado por el BCRA y CAF en 2017. En esa evaluación, la Argentina obtuvo 11,5 puntos sobre 21 y quedó en el puesto 37 entre 39 economías. Se trata de un relevamiento con casi una década de antigüedad, lo que también pone de manifiesto la falta de mediciones recientes que permitan conocer con el mismo nivel de precisión el grado de comprensión financiera de la población.
El desarrollo de estas capacidades requiere la participación de distintos actores. Entre ellos aparecen las entidades bancarias, el BCRA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los organismos vinculados con la educación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad desarrolla programas de educación financiera destinados a distintos sectores, entre ellos estudiantes, adultos mayores, clubes y organizaciones sociales, en el marco de iniciativas impulsadas por el Gobierno porteño.
El proceso plantea así una segunda etapa para la inclusión financiera. Después de ampliar el acceso a cuentas, medios de pago y crédito, el desafío pasa por fortalecer los conocimientos necesarios para utilizar esas herramientas y evaluar sus consecuencias.
