La decisión fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, quienes además rechazaron los planteos de distintas defensas que buscaban anular la investigación a partir del supuesto origen ilícito de los audios atribuidos a Spagnuolo.
Entre los procesados también se encuentran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian. Los procesamientos habían sido dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando el expediente se encontraba en el Juzgado Federal N°11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
La causa investiga un presunto esquema de irregularidades dentro de la Agencia, que habría incluido sobreprecios, direccionamiento de contrataciones y mecanismos destinados a simular competencia entre empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
Uno de los aspectos analizados está relacionado con el sistema de compras denominado Siipfis, creado para facilitar la adquisición de insumos médicos de elevado costo o de características poco habituales. Entre los productos bajo investigación aparecen elementos ortopédicos, equipamiento para traumatología y amputaciones, insumos de cardiología, audífonos y sillas de ruedas.
El fiscal Franco Picardi sostiene como hipótesis que un grupo paraestatal habría ingresado en la estructura de la Agencia de Discapacidad para administrarla de acuerdo con sus propios intereses. En ese marco, el funcionario judicial ya solicitó otros 30 procesamientos.
La investigación también derivó en medidas como intervenciones telefónicas, allanamientos, embargos y secuestros de dinero en efectivo. Durante los procedimientos se encontraron casi US$700.000 en el domicilio de Ornella Calvete, hija del empresario Miguel Ángel Calvete, y otros US$266.000 en el vehículo de Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo, cuando se encontraba retirándose de su vivienda en Nordelta.
La empresa Suizo había quedado inicialmente en el centro de la investigación, aunque con el avance del expediente surgieron otras líneas vinculadas con el funcionamiento del organismo y con distintos actores relacionados con las contrataciones.
Tras la exposición pública del caso, el Gobierno dispuso la salida de Spagnuolo y Garbellini, además de intervenir la Agencia e iniciar una auditoría. En ese proceso se detectaron diferencias de precios que, según los datos incorporados al expediente, llegaron hasta el 4239%, junto con un desfasaje presupuestario superior a los $150.000 millones.
El organismo volvió a quedar en el centro de la escena esta semana por la renuncia de Alejandro Vilches, quien había sido designado como interventor por el Gobierno. Su salida fue comunicada bajo el argumento de motivos personales.
Uno de los principales puntos de discusión entre las partes continúa siendo la validez de los audios atribuidos a Spagnuolo. Las defensas sostienen que esas grabaciones constituyen un elemento central de la investigación y buscan que sean declaradas nulas debido a su presunto origen ilícito.
El expediente se inició poco más de un año después de la difusión de esas grabaciones, en las que se mencionaban presuntas irregularidades dentro de la Agencia y aparecían referencias a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
La Cámara Federal, al rechazar los planteos destinados a cuestionar el origen de las grabaciones, mantuvo por ahora la investigación en marcha. A su vez, el juez Ariel Lijo ordenó realizar una pericia sobre los audios para avanzar en la determinación de su autenticidad y alcance.
Con la confirmación de los procesamientos, el expediente continúa bajo investigación y mantiene abiertas distintas líneas para determinar las responsabilidades de los funcionarios, empresarios y particulares involucrados.
