El Presidente cuestionó el uso de la empatía como argumento para justificar políticas de carácter paternalista y sostuvo que el Estado no debería resolver las dificultades de la población utilizando recursos provenientes de los contribuyentes. La definición fue planteada en una reunión del Gabinete realizada el lunes por la mañana en la Casa Rosada.
La aclaración se produjo después de varias semanas en las que la oposición y distintos sectores habían cuestionado la falta de medidas destinadas a aliviar la situación de las familias y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Durante distintos actos públicos de la última semana, Milei también había reiterado que su Gobierno no impulsaría políticas de redistribución del ingreso.
Dentro de la administración reconocen que el margen para implementar medidas de alivio es reducido debido a las restricciones que establece el propio Presidente. En ese escenario comenzó a tomar forma la posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar el financiamiento hipotecario. La iniciativa contempla la posibilidad de generar hasta 20.000 nuevos créditos.
El anuncio dejó además una diferencia de enfoque dentro del propio Gobierno. Dos días después de aquella reunión de Gabinete, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los créditos hipotecarios como una prioridad y sostuvo que se trata de una política vinculada con la “justicia social”.
La definición de Caputo se produjo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía, al explicar los objetivos de la medida. El ministro señaló que el acceso a una vivienda mediante el propio salario constituye una forma de justicia social y remarcó que una persona que trabaja no debería tener que esperar décadas para poder comprar una propiedad.
La postura de Milei sobre la justicia social había quedado expresada anteriormente durante una exposición en Madrid, donde cuestionó el concepto desde una perspectiva vinculada con la intervención estatal y la redistribución de recursos. En esa oportunidad, sostuvo que cuando la asistencia se realiza mediante el uso obligatorio de recursos de los ciudadanos deja de ser caridad y la definió como una forma de apropiación presentada bajo una justificación altruista.
Las declaraciones de Caputo no generaron, al menos hasta el momento, cuestionamientos dentro de la administración. El ministro integra el grupo de funcionarios que cuenta con un margen propio para realizar declaraciones y no necesita una validación previa de cada una de sus intervenciones.
Desde el entorno presidencial interpretaron que Caputo buscó utilizar el concepto de justicia social en un sentido diferente al planteado habitualmente por el peronismo. Según esa explicación, el objetivo del ministro habría sido remarcar que una persona pueda acceder a su propia vivienda a partir de sus ingresos y sin depender de una política de transferencia estatal.
En ese sentido, Caputo completó su planteo al señalar que no hay “nada más justo” que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda sin tener que esperar 30 o 40 años para comprarla.
Más allá de la discusión conceptual, en el área económica consideran que el Gobierno puede actuar principalmente mediante decisiones macroeconómicas, mientras que la política debería contribuir a generar acuerdos con sectores opositores dispuestos a acompañar determinadas iniciativas. El objetivo sería mejorar la previsibilidad y facilitar la colaboración necesaria para sostener la confianza de los mercados.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo avanza en conversaciones vinculadas con la posibilidad de establecer un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026, equivalente a aproximadamente $860.000 de bolsillo. La propuesta se encuentra vinculada con el nuevo escenario abierto tras la aprobación de la reforma laboral y busca establecer una referencia salarial en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y diferencias importantes entre los distintos convenios colectivos.
El planteo aparece mientras los salarios reales del empleo privado registrado muestran nuevos retrocesos. En junio de 2026, el poder adquisitivo cayó 0,9% en términos reales, luego de una disminución del 2,9% en mayo, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Sin embargo, desde el ámbito de las negociaciones se descartó que el salario de $1.070.000 vaya a convertirse en el corto plazo en un piso generalizado. La explicación es que los convenios colectivos ya establecen, en la mayoría de los casos, remuneraciones superiores a ese monto.
La intención del Gobierno, según esa posición, sería que las negociaciones continúen entre sindicatos y empleadores y que posteriormente los acuerdos sean homologados por la Secretaría de Trabajo. De esta manera, la administración busca evitar asumir directamente la definición de los salarios y dejar que sean las partes involucradas las que alcancen los acuerdos correspondientes.
