En contraposición, fueron absueltos Luis López Mazzeo, integrante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del área de Operaciones.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, en el marco de la causa que investiga la mayor tragedia naval de la historia reciente argentina, que resultó en la pérdida de los 44 marineros a bordo.
Durante la audiencia, los acusados presentaron su defensa ante el tribunal, reiterando su inocencia. El juicio había comenzado el 3 de marzo en Río Gallegos y se realizaron más de 30 audiencias antes de la lectura del fallo.
El proceso judicial tuvo como objetivo establecer responsabilidades dentro de la cadena de mando en relación a las deficiencias en el mantenimiento, las alertas y las órdenes operativas que se dieron durante la última misión del submarino en el Atlántico Sur.
A lo largo del juicio, testificaron peritos técnicos, ingenieros navales, excomandantes de la fuerza, submarinistas en actividad y altos mandos de la cúpula naval de 2017. Uno de los puntos clave fue la revisión de documentos reservados que contenían información sobre las reparaciones anteriores de la nave y los mensajes de radio de emergencia enviados durante su último trayecto.
La investigación sobre el hundimiento del ARA San Juan ha sido catalogada como una de las más complejas en la historia reciente del país. Los peritajes realizados tras el descubrimiento del submarino, a casi 900 metros de profundidad, revelaron que la embarcación sufrió una implosión a causa de la intensa presión del agua después de perder su capacidad de flotación.
Uno de los factores investigados fue la entrada de agua de mar a través del sistema de ventilación mientras el submarino estaba sumergido. Este incidente habría ocasionado un cortocircuito y un principio de incendio en el compartimento de baterías de proa, situación reportada por la propia tripulación antes de la desaparición del contacto.
A partir de allí, los especialistas sugieren que se inició una cadena de fallas que llevó a una emergencia irreversible.
Paralelamente, la Justicia indagó sobre el estado de mantenimiento del ARA San Juan, los controles realizados tras su reparación de media vida y las decisiones operativas tomadas antes y durante la misión.
Desde el inicio de la causa, los familiares de los 44 tripulantes sostienen que el desastre podría haberse evitado. Reclaman que se esclarezcan las causas técnicas del hundimiento y se identifiquen a los responsables que autorizaron la navegación del submarino.
Además, en una causa relacionada, se investigaron presuntas actividades ilegales de espionaje sobre los familiares de los tripulantes entre 2017 y 2018, que incluyeron seguimientos, fotografía y elaboración de informes durante las movilizaciones de quienes reclamaban avances en la búsqueda del submarino.
Esto derivó en el procesamiento de exfuncionarios y agentes de inteligencia; no obstante, el juez Julián Ercolini sobreseyó a los exdirectores de la SIDE de Mauricio Macri luego de que la Corte Suprema archivara otra investigación sobre presunto espionaje a los familiares de los 44 héroes.
