Uno de los principales puntos de discusión es el incremento del porcentaje de biodiésel que debe mezclarse con el diésel de origen fósil. La iniciativa plantea llevar el corte obligatorio al 10%, aunque las empresas regionales cuestionan la forma en que se distribuiría ese volumen entre los distintos tipos de productores.
El biodiésel se produce principalmente a partir de aceite de soja y se incorpora al combustible derivado del petróleo. Actualmente, el corte se encuentra en el 7,5%. Ese porcentaje había sido reducido al 5% en 2021, tras la renovación de la legislación, y volvió a elevarse al 7,5% en 2022, en medio de una crisis de abastecimiento de gasoil.
El nuevo esquema establece una diferenciación entre las empresas integradas a grupos aceiteros y las plantas no integradas, categoría en la que se encuentran las pymes regionales que no producen su propia materia prima.
Para alcanzar el corte del 10%, las empresas no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Sin embargo, esa participación disminuiría de manera gradual: bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedaría en el 4% entre 2031 y 2036.
El sector pyme cuestiona particularmente esa reducción progresiva. La posición expresada por representantes de las empresas regionales es que el incremento del corte debería estar acompañado por una mayor participación de estas compañías y no por una transferencia de volumen hacia las grandes aceiteras.
En ese sentido, se sostiene que las nuevas reglas obligarían a las plantas pequeñas a competir por el abastecimiento interno en condiciones diferentes a las de los grandes grupos industriales. Como ejemplo, se planteó la dificultad que tendría una empresa de una localidad como Saladillo para competir directamente con compañías de la dimensión de Cargill, Dreyfus o AGD.
Desde el sector también se advierte que el problema no estaría únicamente en el porcentaje de mezcla, sino en la gradual desregulación prevista para el mercado y en la distribución de los volúmenes de producción.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, que reúne a productores de biodiésel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, sostiene que la reducción de la participación de las plantas no integradas podría llevar al cierre de empresas.
El planteo de las pymes es que el nuevo régimen debería contemplar las diferencias de escala existentes entre las empresas regionales y los grandes grupos aceiteros. Según esa posición, si las pequeñas plantas pierden participación en el mercado interno, algunas podrían quedar sin condiciones para continuar operando.
El debate se desarrolla mientras el proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y contempla un aumento gradual de la mezcla obligatoria. Para las empresas regionales, el punto central será determinar cómo se distribuirá ese mayor volumen de biodiésel entre los distintos actores de la industria.
Desde el sector también cuestionan que los cambios generen beneficios adicionales para la economía si, al mismo tiempo, implican una reducción de la cantidad de empresas pequeñas que participan de la producción. En ese sentido, sostienen que el nuevo esquema no necesariamente se traduciría en una mayor producción ni en más empleo.
La discusión quedará así concentrada en el diseño del mercado de biocombustibles y en el peso que tendrán las pymes frente a las grandes compañías durante la transición hacia el corte obligatorio del 10%.
