La decisión del organismo fue comunicada a través de la Resolución General 5871/2026 y surge en un contexto de dificultades significativas para que las empresas cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, evitando así las multas que oscilan entre $ 5.000.000 y $ 10.000.000 por la falta de presentación de la declaración jurada informativa.
Con esta extensión, se busca facilitar que las diferentes entidades, incluidas sociedades, empresas unipersonales y fideicomisos, puedan cumplir con la entrega de la documentación adicional requerida por el impuesto a las Ganancias.
El fisco fundamentó esta decisión destacando que la prórroga se otorgó “atento a lo solicitado por diversas entidades representativas de profesionales en ciencias económicas”.
Las complicaciones surgieron en gran medida a raíz de la implementación de la nueva “Norma Unificada Argentina (NUA)”, cuyo uso es obligatorio para los ejercicios que comienzan el 1 de enero de 2025. Los primeros estados contables afectados son los que se cierran en diciembre de 2025.
“Esto puede haber provocado reclasificaciones, diferencias en la valuación y cambios en la forma de exponer los balances. En muchos casos, este proceso requirió más tiempo de lo habitual, lo que atrasó la presentación de los balances para su legalización. Los consejos profesionales enfrentaron un volumen considerable de balances con demora en la presentación, y además debieron realizar controles más rigurosos para verificar el cumplimiento de las normativas”, indicó Sebastián Domínguez, contador y CEO de una firma de asesoría tributaria.
Claudia Pose, socia de Impuestos en una consultora, subrayó que el nuevo plazo para la presentación de los balances -antes establecido para el 30 de junio- coincidía con el vencimiento de las declaraciones juradas anuales del Convenio Multilateral (CM05) para contribuyentes con sede en la Ciudad de Buenos Aires, así como con los plazos para la recuperación del IVA por exportaciones.
A pesar de la prórroga anunciada por ARCA, es importante señalar que las empresas deben asegurarse no solo de tener el balance cerrado, sino también de contar con la intervención de un profesional, su firma y la validación por parte del consejo profesional correspondiente antes de la presentación en ARCA.
“Es necesario evaluar si el mes adicional será suficiente para cumplir con estos nuevos requisitos, ya que no solo se trata del cierre de los estados contables auditados, sino que también es indispensable que se emita el dictamen profesional, para luego lograr su certificación. Actualmente, muchos contribuyentes tienen pendiente el cierre definitivo de sus balances, lo que genera preocupación respecto a la posibilidad de un nuevo colapso en las presentaciones a fines de julio”, comentó Pose.
Por su parte, Domínguez expresó su crítica en relación a la actualización de las sanciones por falta de presentación de la declaración jurada, cuya penalización ha aumentado tras las modificaciones introducidas por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.
La falta podría conllevar una sanción de $ 5.000.000, cifra que podría escalar hasta los $ 10.000.000 en el caso de sociedades, fideicomisos u otras entidades constituidas en el país. Es importante destacar que la imposición de estas sanciones puede afectar tanto a pequeñas y medianas empresas como a sociedades mayores. “No es común que el fisco aplique estas multas, pero está dentro de sus atribuciones. Esto reabre el debate sobre la razonabilidad de la multa para una pyme que no puede presentar su balance a tiempo”, evaluó Domínguez, quien también señaló que la sanción debería considerarse de forma gradual, en función del tamaño de la empresa.
