Los encuentros, desarrollados entre el martes y el jueves en México, tuvieron como objetivo avanzar en distintos puntos del tratado, entre ellos las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz, considerados aspectos centrales del proceso de revisión iniciado en mayo.
El diálogo se vio atravesado por la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles, entre ellos un gravamen del 50% sobre productos provenientes de Canadá y tarifas de entre 10% y 12,5% para bienes de 60 países, bajo el argumento de combatir prácticas vinculadas al trabajo forzoso.
Las posiciones de ambos gobiernos continúan siendo diferentes. Estados Unidos busca reforzar la protección de su industria nacional, mientras que México intenta reducir los aranceles que afectan a determinados productos. Entre ellos se encuentran el impuesto del 10% aplicado a bienes mexicanos que no están incluidos dentro del T-MEC, el gravamen del 25% sobre camiones medianos y pesados, la tarifa del 50% sobre acero y aluminio, y la cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló que los nuevos anuncios comerciales de Washington no modifican la posición negociadora de su país, debido a que el arancel del 10% para productos fuera del acuerdo ya estaba vigente desde el año anterior.
Durante las conversaciones también se abordaron temas como el fortalecimiento de las cadenas de valor, el sector siderúrgico, el aluminio, las industrias estratégicas y la sustitución de importaciones provenientes de Asia.
La próxima ronda de negociaciones quedó prevista para la primera mitad de septiembre. Aunque no hubo avances concretos anunciados, Ebrard destacó que las partes continúan buscando acercar posiciones a partir de la integración económica entre ambos países.
En la última jornada participó Jamieson Greer, quien previamente mantuvo una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para analizar los acuerdos bilaterales y el estado de la revisión del tratado.
El proceso de revisión del T-MEC comenzó el 1 de julio y quedó condicionado por la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente la vigencia del acuerdo por 16 años, lo que activó un mecanismo de evaluaciones anuales hasta 2036.
Desde el gobierno mexicano remarcaron que la revisión del tratado estará concentrada en cuestiones comerciales y no incorporará temas de seguridad u otros asuntos bilaterales. Sin embargo, desde Estados Unidos plantearon que la continuidad del acuerdo podría estar vinculada también a la cooperación en materia de seguridad y al cumplimiento de compromisos relacionados con el tratado bilateral de aguas de 1944.
Además, las autoridades estadounidenses anticiparon que durante los próximos meses buscarán avanzar en aspectos como las reglas de origen, las normas laborales y los estándares ambientales.
A las diferencias comerciales se suman otros puntos de tensión en la relación bilateral, especialmente vinculados con seguridad y migración. En ese contexto, México solicitó investigaciones sobre la muerte de migrantes mexicanos mientras permanecían bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.
