Casal presentó su dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora está en condiciones de tomar una decisión, aunque no se anticipa que esto ocurra pronto. La ausencia de uno de sus jueces, Ricardo Lorenzetti, quien está de licencia, y la falta de planes de reunión entre los otros dos magistrados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, complican el escenario.
Si la Corte decide abordar el tema, debería convocar a un conjuez, lo que, según se ha informado, tampoco está previsto. Así las cosas, parece que Irurzun enfrentará su cumpleaños número 75 sin una resolución judicial que le permita continuar en funciones, lo que plantea diversas incógnitas.
Según la interpretación mayoritaria, Irurzun no podrá seguir como juez. Este criterio se basa en el caso de la ex jueza Ana María Figueroa, respecto al cual la Corte declaró que para continuar más allá de los 75 años era necesario tener el trámite completado; de lo contrario, cesaba en su cargo automáticamente.
Sin embargo, algunos argumentan que en el caso de Figueroa se trataba de un expediente administrativo, mientras que el de Irurzun está judicialmente iniciado, lo que podría permitir su resolución con él en funciones más allá de la marca de los 75 años. En ese sentido, hay quienes consideran que si la Corte se expide en su favor, el expediente podría volverse irrelevante tras el cumplimiento de la edad.
Este desarrollo ocurre en un entorno político específico, donde el gobierno ha mostrado resistencia a que Irurzun continúe en la Cámara, en medio de un proceso de renovación del tribunal. El año pasado, el juez solicitó al gobierno una extensión de cinco años, opción contemplada por la Constitución, que debe ser avalada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Senado.
No obstante, la gestión de Milei no aprobó su continuidad, a diferencia de lo que ocurrió con otros magistrados como Carlos Mahiques y Víctor Pesino, quienes sí recibieron el respaldo oficial, este último tras fallar a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno.
Ante la negativa, Irurzun inició acciones judiciales, solicitando una medida cautelar para continuar su mandato después de los 75 años. Argumentó que la inclusión del límite de edad en la reforma constitucional de 1994 no fue habilitada por el Congreso.
Su planteo fue rechazado en primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Como resultado, Irurzun apeló a la Corte Suprema, que a su vez le solicitó una opinión al procurador Casal.
En su dictamen, Casal defendió la vigencia del fallo “Schiffrin”, que en 2017 ratificó el límite de edad. Irurzun, por su parte, sostiene que esta decisión ya no tiene vigencia debido a la nueva composición del tribunal, ya que los jueces que la respaldaron ya no están.
“Según lo aprecio, la actora no rebatió adecuadamente tales argumentos ni expuso las razones por las cuales no resultarían de aplicación a esta causa”, explicó el procurador general, quien agregó que el agravio presentado por Irurzun se reduce a conjeturas sin fundamento jurídico suficiente para justipreciar la vía extraordinaria intentada. La Corte no está obligada a seguir el dictamen de Casal y, con su presentación, ahora puede tomar una decisión.
En paralelo, el juez de Comodoro Py ha iniciado una segunda causa en el fuero contencioso, buscando continuidad en su solicitud cautelar.
La salida de Irurzun generará una vacante en la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal clave donde se deciden numerosas causas de corrupción. Actualmente, el tribunal está en pleno proceso de renovación. El gobierno ha propuesto a Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, este último ya integrado en calidad de trasladado, como jueces titulares, y para reemplazar a Irurzun, será necesario realizar un concurso.
