Estas investigaciones están en el centro de una disputa de competencia entre los jueces federales Ariel Lijo y María Servini, quienes están a cargo de casos relacionados con irregularidades en la adquisición de dólares oficiales a través de bancos y casas de cambio, para luego venderlos en el mercado paralelo, obteniendo diferencias de hasta un 200 por ciento.
Ambos expedientes comparten imputados, entre ellos los financistas Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles. En este contexto, el juez Lijo solicitó a Servini tomar su caso, argumentando que su investigación se encontraba más avanzada. Este pedido fue denegado y ahora la Cámara Federal debe intervenir para resolver el conflicto.
La primera medida fue la opinión emitida por el fiscal general. Fuentes del ámbito judicial indicaron que esta semana, Agüero Iturbe recomendó que los casos continúen siendo tratados por sus respectivos jueces.
El fiscal señaló que no hay elementos que justifiquen la acumulación de las investigaciones en manos del juez Lijo y destacó que ambas están en proceso de llevar a cabo medidas probatorias que deben completarse. Según el fiscal general, una vez que las causas avancen, la discusión podría reanudarse. Por ahora, la resolución queda en manos de la Cámara.
La causa que lleva Lijo es investigada por el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene la delegación del caso. En esta investigación se encuentran imputados los tres financistas, así como también funcionarios del Banco Central de la República Argentina. El fiscal determinó que existía un acuerdo ilegal entre las entidades financieras de Piccirillo, Hauque y Migueles y autoridades del BCRA para permitir sus operaciones.
Adicionalmente, a partir del análisis del celular de Migueles, la fiscalía concluyó que él y otras personas actuaron como intermediarios en 2023, gestionando sobornos del 10 al 15 por ciento para que funcionarios públicos aprobasen el sistema SIRA de importaciones, durante la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. La justicia ha identificado a estos intermediarios y está intentando determinar qué funcionarios recibieron sobornos.
Por su parte, la jueza Servini investiga la misma maniobra con dólares en más de 100 casas de cambio. El mes pasado, dictó un embargo masivo sobre los acusados y las empresas involucradas, que asciende a más de 600 millones de dólares, incluyendo a Migueles.
Existen también otras indagaciones, como una que lleva la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien investiga el mismo tipo de maniobra con el dólar desde diciembre de 2021, a raíz de una denuncia presentada por el BCRA contra la agencia de cambios Marvic SA.
Las causas suscitan gran interés en la política debido a las repercusiones que podrían tener sus avances. En el caso de que Lijo acumule la investigación de Servini, podría retomar el primero de los casos y asumir el control de ambas causas. En tal escenario, Picardi dejaría de ser el encargado principal del caso y debería someter cada medida a la aprobación del juez.
Por otro lado, Hauque, que se encuentra en disputa con su ex socio Piccirillo, manifestó públicamente que el ex presidente Fernández y el ex titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, estaban involucrados en las irregularidades y negociaciones relacionadas con el dólar.
