No obstante, el pronóstico de Columba es pesimista debido a la limitación temporal y a los requisitos estrictos necesarios para que estos permisos se hagan efectivos. Desde el 16 de abril hasta el 30 de junio, aquellos que no sean ciudadanos españoles y puedan demostrar que residen en el país desde antes del 31 de diciembre del año anterior están habilitados para solicitar esta regularización extraordinaria.
Para acreditar la permanencia en España, es suficiente con presentar documentos como el sello de ingreso en el pasaporte (aunque esté vencido), la tarjeta de embarque, el ticket de transporte público, un certificado médico o un comprobante de transferencia bancaria, siempre que en cualquiera de ellos consten el nombre completo y la fecha correspondiente.
Los solicitantes que no pidan protección internacional (asilo) deberán presentar al menos uno de tres documentos: un contrato de trabajo, tener hijos menores a su cargo o acreditarse como personas en situación de vulnerabilidad mediante certificados válidos. Un requisito fundamental es no poseer antecedentes penales en el país de origen, lo que implica la obtención de un certificado.
El gobierno español esperaba que esta medida beneficiara a medio millón de personas. Sin embargo, las solicitudes podrían superar las expectativas en un 60 por ciento; en 2025, se estimaba que había 840.000 inmigrantes en situación irregular, según Funcas, una organización especializada en análisis e investigación económica y social.
La Abogacía del Estado informó que hasta el 22 de mayo se habían registrado 549.596 solicitudes, unas 50.000 más de lo que se había proyectado. Hasta ese momento, 91.505 ya fueron aprobadas, mientras que el resto permanece en análisis.
“La regularización no cayó del cielo”, señala Columba, quien logró tramitar sus documentos con esfuerzo en la regularización que se llevó a cabo en 2005. La actual medida es fruto del trabajo arduo y la perseverancia de la plataforma Regularización Ya, en la que numerosas organizaciones de inmigrantes han luchado durante años para obtener papeles.
Columba es la voz de esta plataforma que movilizó a la ciudadanía para conseguir firmas que permitieran presentar su petitorio como una iniciativa legislativa popular, un recurso constitucional que permite a los ciudadanos españoles proponer medidas que mejoren sus condiciones de vida. Se requerían 500.000 firmas, pero Regularización Ya reunió más de 700.000.
En abril, el gobierno aprobó la regularización extraordinaria mediante un real decreto, evitando así el requerimiento de ratificación por el Congreso, donde probablemente no habría conseguido el respaldo necesario.
“Dimos vuelta una narrativa”, afirma Columba. “Se hablaba de personas ilegales. Ninguna persona es ilegal. La falta de documentos implica una infracción administrativa, pero no implica ser ilegal. Centrándonos en la irregularidad nos enfocamos en la administración; estamos hablando de personas en situación administrativa irregular, que su condición puede variar si hay voluntad política”.
Columba propone un cambio de paradigma: “No sólo en las políticas migratorias, sino también en las políticas públicas. Cuando acudes a un ayuntamiento y te dicen que no pueden brindarte apoyo como madre porque no estás empadronada, deberían preocuparse por esa madre sin acceso a la escolarización de su hija, muchas de las cuales han huido de sus países por violencia de género. Para legalizar la situación de la niña, deben contar con la firma del agresor”.
En mayo, cuando el plazo para presentar las solicitudes llevaba más de un mes, el Tribunal Supremo suspendió la tramitación y dictó medidas cautelares a raíz de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y otras asociaciones que buscan frenar el proceso. Desde el gobierno madrileño argumentan que la regularización de extranjeros “afecta gravemente” la prestación de servicios públicos. Para algunos, otorgar permisos de residencia y trabajo a inmigrantes incrementará la inseguridad y complicará el acceso a la vivienda. Finalmente, el Supremo decidió no interrumpir el proceso.
Las proyecciones indican que la inmigración irregular en España aumenta, aproximadamente, en unos 90.000 extranjeros sin papeles al año. “Las personas migrantes llevan años contribuyendo. Pagan impuestos indirectos como el IVA. Con sus aportes, colaboran con la salud, la educación y otros servicios públicos; el IVA lo pagan al igual que quienes tienen documentos” explica la vocera de Regularización Ya.
Hoy en día, siete de cada diez extranjeros en situación irregular en España provienen de América del Sur. Argentina ocupa el quinto lugar en este grupo; por delante se encuentran Colombia, Honduras, Venezuela y Paraguay.
“Celebramos la medida, pero llega tarde”, lamenta Columba.
-¿Por qué llega tarde?
-Porque se podría haber implementado hace seis años, cuando se lo pedimos al gobierno. Mientras recolectábamos firmas, solo enfrentábamos a la ultraderecha de Vox. Nadie más. Ahora, cuando está por entrar en vigor el pacto europeo de migración, que establece políticas más restrictivas, se acelera el proceso. Afortunadamente, el pacto no tiene carácter retroactivo.
-¿Cuál es el principal obstáculo en este proceso?
-Las dificultades para obtener un certificado de vulnerabilidad o las complicaciones en ciertos casos para tramitar el de antecedentes penales en el país de origen. Hay personas ahora en Huelva trabajando en la recolección de fruta, sin empadronamiento ni alguien que les facilite un certificado de vulnerabilidad, y deben desplazarse a Madrid. Por ejemplo, ciudadanos de Senegal y Gambia han estado recorriendo consulados en España. Sabemos que quedará mucha gente fuera por estas cuestiones.
-¿Qué cuestiones?
-El Ministerio de Asuntos Exteriores no está gestionando trámites en embajadas, como la de Argelia, o Guinea Conakri que exige la compulsa notarial de pasaportes y padrones, lo que implica costos superiores a 300 euros, una suma que evidentemente una persona en situación irregular no puede afrontar. Esta situación representa una enorme barrera, tanto por la dilación como por el costo.
-Queda menos de un mes para el cierre de la regularización, ¿hay posibilidad de resolver estas complicaciones?
-Estamos creando una caja de resistencia y lanzaremos un crowdfunding. Estamos en la calle todos los días emitiendo certificados de vulnerabilidad, porque las grandes ONG que dependen de las precariedades migrantes deben estar a la altura y colaborar en la regularización, aunque no todas lo hacen. Así que imagina lo retrasados que vamos en un proceso que podría haber sido mucho más ágil.
-¿Qué sucederá si esos certificados no llegan a tiempo?
-Ahí es donde visualizamos un problema, porque comenzarán las críticas. Necesitamos que surja algún mecanismo para evitar que las solicitudes se invaliden, de lo contrario, recibirán órdenes de expulsión. Esto ya ocurrió en la regularización de 2005-2006 bajo el gobierno de Zapatero, que fue un periodo de numerosas deportaciones. Actualmente, incluso hay vuelos de deportación planificados, incluso para aquellos que podrían acogerse a esta regularización.
