La Sala 3 de la Cámara de Casación Penal tomó esta decisión al confirmar la elevación del caso a juicio oral, aunque no se especificó la fecha de inicio del proceso judicial contra los oficiales involucrados.
Según lo que informó un portal local, algunos de los imputados enfrentan cargos de homicidio calificado, que podría resultar en una pena de prisión perpetua, mientras que otros son acusados de encubrimiento agravado, un delito de carácter correccional. Los acusados son J. I. N., C. M. R., V. E. R., E. F. A. I., G. G. R., D. E. S., M. E. V., C. B. P., G. I. M. y G. G. C.
Ignacio Fernández Camillo, abogado de la querella y representante de la familia de Sofía, indicó que si alguno de los tres acusados por homicidio opta por el juicio por jurados, podría generarse un debate separado respecto a los cargos. En tanto, los delitos correccionales podrían ser juzgados en un tribunal independiente. En relación a los plazos, el letrado mencionó que varios tribunales han comenzado a programar fechas para 2028.
Fernández Camillo describió el proceso como una investigación de casi dos años, con más de un año de etapa intermedia compleja, marcada por un arbitrario sobreseimiento de nueve de los diez policías por parte del juez de Garantías de Pilar.
Al inicio de la causa, los imputados fueron detenidos junto a C. M. R., quien permanecerá encarcelado hasta mayo de 2025, pero los demás recuperaron su libertad tras una resolución que determinó la falta de pruebas contra ellos.
A pesar de la solicitud de absolución presentada por el abogado defensor de C. M. R., el juez desestimó el pedido y ordenó que el caso avance a juicio. El acusado, que prestaba servicios como oficial ayudante en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui en el momento del asesinato de Fernández, será juzgado por homicidio agravado por odio a la identidad de género, en concurso con otros delitos, debido a su condición de miembro de la fuerza policial.
La investigación estableció que el agente fue el único con acceso a la celda de Fernández durante la franja horaria en la que ocurrió el asesinato.
El juez Walter Saettone, del Juzgado 7 de San Isidro, intentó en diversas ocasiones descartar el agravante de odio e identidad de género, sin éxito. Para la querella, dicho agravante va más allá del momento del crimen. Según Fernández Camillo, “el odio a la identidad de género tuvo, sin dudas, varias etapas y la historicidad respecto de la vida de Sofía, pero en lo que hace a los hechos, empezó mucho antes que la acción”.
En mayo de 2024, solicitaron la separación del magistrado, argumentando que había perdido “la objetividad que el caso requiere y su función exige”.
Sofía Fernández, quien había cumplido 39 años, fue encontrada muerta en los calabozos de la Comisaría 5ª de Presidente Derqui a finales de abril de 2023, tras haber sido detenida días antes por robo por escalamiento, de acuerdo con la información recabada.
El hallazgo del cuerpo no fue resultado de un procedimiento habitual, sino que ocurrió de manera fortuita durante una revisión del buzón externo del establecimiento. Tras el descubrimiento, efectivos policiales acompañados por una psicóloga del municipio fueron a informar a la familia sobre el deceso.
En ese primer contacto, se les comunicó que Fernández había fallecido de modo súbito. Sin embargo, los resultados de la autopsia desmintieron esta versión, señalando que la causa real de la muerte fue asfixia, específicamente “una insuficiencia respiratoria ocasionada por una obstrucción por restos textiles y ropa interior en la vía aérea superior”, mediante un mecanismo violento.
Con esta información, la familia formalizó una denuncia contra los policías de la comisaría, acusándolos de homicidio y de haber intentado simular un suicidio.
