Según el relevamiento, el 29,7 % de los hogares inquilinos se encuentra en situación de “emergencia habitacional”. Esto significa que casi uno de cada tres hogares enfrenta al mismo tiempo una alta proporción de sus ingresos destinada al pago del alquiler, endeudamiento, retrasos en los pagos y la presión de tener que afrontar mudanzas no planificadas.
El relevamiento, realizado sobre 808 hogares de 16 provincias, expone las dificultades que atraviesan numerosos inquilinos frente al aumento del costo de vida en el contexto económico actual.
Según el estudio, el valor mediano del alquiler a nivel nacional alcanza los $656.500, aunque existen diferencias según la región. En la Ciudad de Buenos Aires, la cifra asciende a $700.000, mientras que en el resto del país llega a $665.000, un monto incluso superior al registrado en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los principales datos que surge del relevamiento es el fuerte deterioro de la situación financiera de los inquilinos. El 72,9 % mantiene actualmente algún tipo de deuda, el registro más elevado de la serie histórica.
La preocupación se profundiza al analizar el destino de esos préstamos: el 55 % de los hogares se endeudó para poder comprar alimentos, mientras que el 37 % recurrió a la deuda para afrontar el pago del alquiler. Esta situación genera un círculo de difícil salida, ya que el 38 % de los hogares presenta atrasos en sus obligaciones, porcentaje que asciende al 73 % entre quienes destinan más del 70 % de sus ingresos mensuales al alquiler.
La precariedad económica de los inquilinos no solo se manifiesta en el endeudamiento, sino también en la necesidad de aumentar la carga laboral para poder sostener el acceso a la vivienda.
Según el relevamiento, el 47 % de los inquilinos cuenta con dos o más empleos, una situación de pluriempleo que continúa en crecimiento. Aunque el 68 % de los encuestados tiene un trabajo registrado, los ingresos no logran compensar el impacto de los aumentos aplicados en los contratos de alquiler, que en el 78 % de los casos contemplan actualizaciones cada tres o cuatro meses.
El informe también expone el impacto del esquema actual sobre las familias. Mientras que una persona sola conserva un ingreso disponible de $950.000 luego de pagar el alquiler, en un hogar integrado por cuatro personas ese monto se reduce a apenas $367.000 por integrante.
El estudio señala que el alquiler opera como un “mecanismo regresivo”, ya que los hogares con niños resultan los más perjudicados por el aumento de los valores de las viviendas con mayor cantidad de ambientes.
Frente a este escenario, el rechazo a las condiciones actuales de los contratos de alquiler alcanza niveles muy elevados: el 96 % de los inquilinos cuestiona las actualizaciones vinculadas a la inflación, mientras que el 84 % reclama acuerdos de mayor duración, de entre tres y cinco años.
Un referente de Inquilinos Agrupados, calificó la situación al analizar los resultados del relevamiento: “Las encuestas trimestrales revelan la profundización de la crisis habitacional mientras el mercado mantiene rentabilidades por alquiler en sus máximos históricos”.
