Las autoridades judiciales informaron que esta situación ha derivado en 11 allanamientos en diferentes provincias, resultado de una causa legal en curso, que ha llevado a la detención de siete individuos. Este evento no marca el fin de la investigación, sino que inicia una nueva fase en la que se analizarán dispositivos electrónicos confiscados y se buscará identificar a más personas implicadas en esta modalidad delictiva: organizaciones criminales digitales que operan sin conocer físicamente a sus miembros, pero que poseen una capacidad de causar daño significativa.
La indagación reveló que al menos una docena de cuentas en la plataforma Telegram vendían acceso ilegal a bases de datos gubernamentales. El costo de esta información oscilaba entre ocho mil y catorce mil pesos y era exclusivo para obtener un solo dato.
Entre los sistemas vulnerados se encuentran los del RENAPER, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el Sistema de Gestión Hospitalario (SIGEHOS), y varias entidades policiales, además de la aplicación “Mi Argentina”, entre otros. Esto permitió que información oficial, que incluye datos sensibles sobre la ciudadanía, fuera comercializada libremente. Un investigador expresó: “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin. Si fue para extorsionar, para robar, para hacer denuncias”.
La causa se inició en marzo del año anterior tras una denuncia penal realizada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), luego de detectar canales en Telegram que ofrecían acceso a esta información. Los nombres de algunas de las cuentas involucradas incluyen “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, y “LaxorusBot”.
El fiscal federal Ramiro González asumió el caso y decidió utilizar un agente secreto digital, un oficial de una fuerza de seguridad federal que se infiltró en los canales de Telegram haciéndose pasar por un potencial comprador de información. Esta estrategia permitió obtener una visión más clara de la operativa delictiva y proceder contra los responsables.
Cada cuenta proporcionaba un enlace para acceder a la información deseada, el cual era limitado a un solo dato por cada pago, cuyo costo variaba de ocho a catorce mil pesos.
Los hackers implementaron un método que dificultaba la detección de la intrusión en los sistemas. Los organismos públicos colaboran con entidades descentralizadas que tienen autorización para acceder a sus bases, y fue a través de estos entes que la organización criminal logró infiltrarse sin levantar sospechas.
Los pagos se realizaban a través de billeteras virtuales y cuentas de criptoactivos desvinculadas de los integrantes de la banda. Existían dos modalidades de operación: algunas cuentas estaban conectadas entre sí para ocultar la identidad del verdadero propietario, mientras que otras utilizaban “mulas”, es decir, personas cuyas identidades habían sido usurpadas para abrir cuentas que recibían los depósitos.
La investigación determinó que la organización había recaudado más de 130 millones de pesos en un año mediante la venta de estas bases de datos. La fiscalía subrayó la magnitud de estas operaciones, que también involucraron transacciones en moneda extranjera y criptoactivos.
Además, se descubrió una acción considerada como una broma pero con graves consecuencias: un integrante del grupo cambió la identidad de uno de los miembros en la base de datos del RENAPER, generando el nombre de “Benjamín Domado por Lexx”.
A solicitud del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos autorizó esta semana 11 allanamientos en distintas localidades, logrando la detención de siete acusados de delitos como violación de secretos, alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita. La mayoría de los detenidos son jóvenes menores de 30 años, y dos de ellos son menores de edad. Los investigadores opinan que los integrantes de esta red criminal no se conocen personalmente y mantienen conexiones exclusivamente virtuales.
Durante los operativos, realizados por el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, se ocuparon celulares, computadoras y otros dispositivos que serán analizados digitalmente. Se espera que se obtenga más información sobre esta red delictiva.
