La semana pasada se registró una nueva instancia de conflicto cuando los sindicatos que representan a docentes y no docentes llevaron a cabo una huelga el 12 de agosto. En esta ocasión, será la Conadu Histórica (Conaduh), una de las federaciones del sector, la que continuará con un calendario de paros que inicia hoy y se extiende hasta el sábado, demandando una recomposición salarial acorde a lo estipulado por la ley.
Dado que esta semana se trata de una convocatoria de una de las federaciones docentes, se espera que el nivel de adhesión varíe según la universidad y la facultad. Por lo tanto, es probable que durante los próximos días se suspendan clases o se modifiquen las modalidades de cursada. Simultáneamente, el Frente Sindical y agrupaciones estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA han programado actividades para visibilizar el conflicto hasta el jueves, entre las que se encuentra la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en diferentes puntos del país.
Fuentes vinculadas a la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron que el impacto del paro de este martes es limitado y varía según la facultad, principalmente porque ADUBA, el sindicato con mayor representación en esa universidad, no se adhirió a la medida, ni tampoco lo hicieron los trabajadores no docentes. Según lo informado, algunas clases se han suspendido en facultades como Sociales y Filosofía y Letras, mientras que en otras, como Derecho, Odontología y Arquitectura, las actividades continúan con normalidad.
En la facultad de Exactas, las fuentes concordaron en que la medida tiene un impacto reducido. Aclararon que la protesta es promovida principalmente por AGD, un sindicato de menor tamaño dentro de la UBA, aunque con presencia en algunas unidades académicas. “El paro es de gremios muy pequeños. ADUBA no se encuentra en paro, por lo que la facultad permanece abierta. Tal vez algún profesor no dictará clases porque pertenece a alguno de esos sindicatos”, señalaron.
La movilización principal está programada para este miércoles 19 frente al Palacio Pizzurno, donde se ubica la Secretaría de Educación. A las 11, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes se reunirán para marchar y realizar un acto en demanda del cumplimiento de la norma. Como parte de esta jornada, Conaduh ha convocado a un “banderazo”, una modalidad similar a la utilizada en las recientes manifestaciones del ámbito científico y tecnológico.
Uno de los aspectos más relevantes de la controversia continúa siendo la cuestión salarial. Según los cálculos de las organizaciones gremiales, se encuentra pendiente una recomposición que oscila entre el 28,5% y el 31,2%, además de lo que reclaman por los retroactivos correspondientes desde la entrada en vigencia de la ley. Los sindicatos sostienen que, en estos 300 días, la norma aprobada por el Congreso no ha sido implementada completamente.
No obstante, la agenda de reclamos abarca más que solamente los ingresos de docentes y no docentes. Las organizaciones universitarias también critican la situación de las becas estudiantiles, los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones educativas y el financiamiento de los hospitales universitarios.
Simultáneamente a las protestas en las calles y aulas, el conflicto cuenta con un frente judicial. La Ley 27.795, sancionada el 2 de octubre de 2025, estableció mecanismos para actualizar los recursos y los salarios del sistema universitario, tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Ante la falta de aplicación de la norma, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha llevado el reclamo a la Justicia.
Las universidades consiguieron una medida cautelar en diciembre, que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema desestimó el último recurso interpuesto por el Gobierno y la ejecución de la cautelar volvió al juzgado de primera instancia, donde el juez Martín Cormick ha convocado a una audiencia para este viernes 21 de agosto, momento en el que se podrían conocer novedades sobre el cumplimiento de la medida.
La iniciativa judicial se originó a partir de una solicitud de la UBA. Además, el CIN ha pedido que se intime al Poder Ejecutivo a cumplir con la cautelar y ha sugerido que, de persistir el incumplimiento, se evalúen sanciones económicas y una posible denuncia penal por desobediencia.
El calendario de protestas no culminará esta semana, ya que CONADU ha anunciado otra huelga de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, una medida a la que se sumarán federaciones como FEDUN y FATUN. Así, el conflicto universitario se extenderá, al menos, hasta finales de mes.
Ante estas movilizaciones, el Ministerio de Capital Humano, por medio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ha rechazado los cuestionamientos y aseguró que el Gobierno sigue cumpliendo con sus obligaciones hacia el sistema universitario, tanto en términos de hospitales como de salarios y gastos de funcionamiento.
La postura oficial también indica que los aumentos salariales se están abonando de acuerdo a los montos y plazos establecidos en el acta paritaria del 10 de junio. En este marco, el Gobierno ha calificado la huelga de “ilegítima”, afirmando que responde a motivaciones políticas y que “no tiene como prioridad la educación.”
