Iara Guinsel, su secretaria, que lo acompañaba en el momento del incidente, fue condenada a un año y 10 meses por la misma infracción. La fiscalía había solicitado penas de dos años y dos meses para ambos involucrados.
El Tribunal de Sentencia, conformado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, y el juez Matías Garcete, también decidió que Kueider y Guinsel continúen bajo arresto domiciliario.
En Argentina, Kueider enfrenta otras investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tanto en su provincia como en Buenos Aires, además de un pedido de extradición planteado por la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Ambos fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 al intentar cruzar el Puente Internacional de la Amistad hacia Paraguay. Durante la inspección de su camioneta, las autoridades migratorias hallaron 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (aproximadamente 82,53 dólares) y 3,9 millones de pesos argentinos (cerca de 3.852 dólares) sin declarar.
Desde ese momento, han estado bajo prisión domiciliaria en Paraguay, inicialmente en Asunción y luego en Luque. La defensa de Kueider, quien fue destituido de su cargo tras la detención, solicitó la absolución tanto para él como para su secretaria.
En la última audiencia, Kueider se dirigió a los presentes: “Creo que los alegatos de la defensa fueron más que elocuentes y hubo un error de criterio de la Fiscalía. Acá no se cometió ningún ilícito”, afirmó. “Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito, ni en Argentina; eso va a quedar demostrado en este juicio, porque así como en este juicio, como en los que vengan de allá”.
No obstante, la Justicia desestimó sus argumentos y optó por una condena más benigna que la solicitada por la fiscalía. En junio de 2024, Kueider y Guinsel se vieron envueltos en un nuevo proceso judicial en Paraguay cuando la Fiscalía los imputó por presunto lavado de dinero, relacionado con la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción.
La acusación sugiere que los imputados intentaron adquirir seis departamentos y seis cocheras en un edifico de la capital paraguaya por un total de 480.000 dólares. Según el Ministerio Público, entre octubre y noviembre de 2024, una empresa formada por dos intermediarios paraguayos terminó comprando las mismas propiedades que los acusados no pudieron adquirir debido a la falta de respaldo del origen de los fondos ante la inmobiliaria.
