El fondo de inversión británico había anticipado que recurriría a esta instancia luego del fallo de la Justicia de Estados Unidos que, en marzo de este año, se pronunció a favor de la Argentina en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera. Aquel proceso incluía una pretensión indemnizatoria que alcanzaba los US$16.000 millones y terminó con el rechazo de esa condena contra el país.
El nuevo reclamo tendrá características diferentes al juicio desarrollado en Nueva York. Burford deberá presentar una nueva demanda y fundamentar su posición dentro del mecanismo arbitral previsto para las controversias entre inversores y Estados.
El marco para esta nueva instancia está dado por el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Argentina y España en 1991. Este acuerdo contempla la posibilidad de recurrir al CIADI ante determinadas disputas vinculadas con inversiones.
El procedimiento no finalizará con una sentencia judicial, sino con un laudo arbitral que determinará la resolución de la controversia a favor de una de las partes o en su contra. La conformación del tribunal arbitral comenzará dentro de un plazo máximo de 90 días. Una vez constituido, las partes deberán acordar el calendario que establecerá las diferentes etapas del proceso.
La representación argentina estará a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que ya trabaja en la estrategia para afrontar el nuevo reclamo. Desde el organismo señalaron que se venía preparando esta posibilidad y que el país defenderá su posición en esta nueva instancia.
El origen de la disputa se remonta a la participación que el Grupo Petersen tenía en YPF. En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos de litigio correspondientes a dos compañías de ese grupo, que habían quebrado en España luego de la nacionalización y de no poder afrontar los créditos utilizados para adquirir el 25% de la participación en la petrolera.
Posteriormente, esas empresas, junto con Eton Park, llevaron su reclamo ante los tribunales de Nueva York. El planteo sostenía que el Estado argentino había actuado como un inversor privado y que no había respetado las normas del mercado aplicables a YPF.
Aunque el fallo estadounidense de marzo representó un revés para esa demanda, Burford todavía cuenta con la posibilidad de intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dentro de las acciones judiciales que permanecen abiertas.
El arbitraje internacional, mientras tanto, tendrá tiempos y condiciones diferentes. No existe una estimación concreta sobre cuánto podría extenderse el procedimiento, aunque este tipo de procesos puede prolongarse durante varios años.
También cambiará el nivel de información disponible durante el trámite. A diferencia del litigio desarrollado en Nueva York, los arbitrajes internacionales cuentan con reglas de confidencialidad que pueden limitar la información que las partes divulgan mientras se desarrolla el procedimiento.
La Procuración del Tesoro indicó que procurará mantener informada a la opinión pública dentro de las posibilidades que permita el proceso. Desde la representación legal del país, además, señalaron que Argentina sostendrá su posición en esta nueva instancia y continuará defendiendo los intereses del Estado frente a las acciones que puedan presentarse..
