La acusación también alcanza a la secretaria de la cooperativa, Roxana Huincaman, y a la tesorera Beatriz Lebrero. Según la fiscalía, los tres habrían utilizado la necesidad habitacional de distintas familias para captar socios y obtener pagos destinados a proyectos de viviendas y loteos.
Uno de los principales puntos bajo investigación es el desarrollo denominado “Meseta”. De acuerdo con la acusación, a los interesados se les habría informado que la cooperativa tenía la titularidad de los terrenos y que el predio sería incorporado al ejido urbano de la ciudad de Neuquén. Para que esto último ocurriera era necesaria una ley provincial que, según la investigación, nunca llegó a ser gestionada.
Pese a no contar con la propiedad del terreno, Salas y Huincaman habrían firmado contratos en los que se comprometían a entregar lotes de 200 metros cuadrados en un período de 24 meses, con servicios básicos como agua, electricidad y calles enripiadas. Los vecinos debían abonar una cuota social y otros montos asociados al loteo.
La investigación también señaló el papel de Lebrero en el manejo del dinero. Como tesorera, habría recibido los pagos efectuados por los adherentes y administrado esos fondos siguiendo instrucciones de Salas.
La causa judicial se suma a años de reclamos de familias que aseguran haber pagado durante largos períodos sin recibir las viviendas prometidas. La Cooperativa 127 Hectáreas llegó a tener, según Salas, unos 11.000 afiliados y ofreció distintos desarrollos habitacionales, entre ellos La Sirena I, La Sirena Unificada y el proyecto de La Meseta.
En el caso de La Sirena Unificada, los reclamos alcanzan a unas 200 familias frente a aproximadamente 90 viviendas terminadas. En La Meseta, la cooperativa había ofrecido 400 lotes y alrededor de 120 familias iniciaron acciones judiciales debido a que las tierras se encuentran fuera del ejido municipal.
Otro de los proyectos anunciados es La Sirena V, que contempla 4.500 viviendas y distintos espacios de uso comunitario. Pese a los conflictos judiciales y los reclamos acumulados, la cooperativa continúa funcionando.
La situación también generó cuestionamientos por el acceso de familiares de Salas a viviendas construidas con recursos estatales. Entre las personas señaladas se encuentran sus hijas Nerea y Florencia Salas, su hermana Olga Salas, su cuñada Mariela López Koller, su sobrina Ana Laura Méndez y Silvana López Koller, hermana de su cuñada.
Salas defendió esos casos y sostuvo que sus familiares llevaban años inscriptos para acceder a una vivienda. También negó que existiera un impedimento para que pudieran recibir una unidad por su vínculo familiar.
El dirigente, que durante más de dos décadas tuvo un papel central en organizaciones vinculadas con el acceso a terrenos y viviendas, sostuvo además que el incumplimiento correspondía al Estado. Según su planteo, existirían más de 900 familias que todavía esperan una solución y el objetivo sería resolver esa situación para 2027.
Los desarrollos habitacionales ofrecidos por la cooperativa contemplaban el pago de cuotas mensuales y otros aportes durante el período de espera. Los vecinos podían llegar a aguardar hasta cinco años por las viviendas prometidas y, según los testimonios incorporados a la investigación, los pagos se realizaban en efectivo en las oficinas de la entidad.
Los reclamos alcanzaron también a las condiciones de infraestructura. Durante la entrega de 37 viviendas en el barrio 127 Hectáreas, familias que recibieron las unidades denunciaron problemas con los servicios, entre ellos la falta de agua potable y de conexión de gas.
El caso de La Meseta constituye otro de los puntos de conflicto. El loteo se encuentra a unos 12 kilómetros del centro de Neuquén y, según los reclamos judiciales, las tierras permanecen fuera del ejido municipal y carecen de los servicios necesarios para su urbanización.
Las familias que reclaman sostienen que la inscripción en los proyectos de la cooperativa les habría impedido acceder a otros programas habitacionales. De acuerdo con sus planteos, desde organismos de vivienda se les indicaba que debían registrarse en la entidad para acceder a determinados barrios.
Las demandas contra la Cooperativa 127 Hectáreas alcanzan a unas 340 familias y, según la información incorporada a la causa, el monto reclamado asciende a unos 1.300 millones de pesos. También se dispusieron medidas sobre bienes y cuentas vinculadas con la entidad, entre ellas embargos y el bloqueo de fondos.
Los antecedentes de Salas en torno a los desarrollos habitacionales se remontan a 2019, cuando fue denunciado penalmente por la venta de lotes ubicados en tierras pertenecientes al Ejército Argentino que, según aquella acusación, no formaban parte del patrimonio de la cooperativa.
A pesar de ese antecedente, su carrera dentro de organismos vinculados con la política habitacional continuó. En febrero de 2022 fue designado director del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Posteriormente, tras la llegada de Rolando Figueroa a la Gobernación, en diciembre de 2023 asumió como director provincial de Hábitat y Urbanismo.
Salas dejó ese cargo en febrero de 2025, en medio del aumento de los reclamos y las denuncias judiciales. En ese momento sostuvo que su salida no había sido solicitada por el gobernador y atribuyó las dificultades de los proyectos habitacionales a la situación económica y a las limitaciones de financiamiento.
Entre mayo de 2025 y los primeros meses de 2026 se realizaron allanamientos en la sede de la cooperativa y en propiedades vinculadas con Salas, en el marco de la investigación penal.
Durante la pesquisa también declaró un exempleado de la entidad que había trabajado durante ocho años como sereno y cajero. El testigo describió el mecanismo utilizado para cobrar a los socios y aseguró que el dinero era retirado diariamente por Salas. El dirigente negó esa versión y afirmó que no podía ser acreditada.
La situación habitacional también derivó en decisiones dentro de organismos públicos. El 23 de mayo de 2025, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Guillermo Koenig, dispusieron mediante decreto la desvinculación de empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén, en el marco de una reestructuración fundamentada en criterios de eficiencia y eficacia.
En paralelo, trabajadores estatales habían denunciado que desde el organismo se filtraba información reservada sobre terrenos fiscales estratégicos hacia la Cooperativa 127 Hectáreas. La acusación vinculaba esa supuesta circulación de información con ocupaciones de tierras en la provincia.
A comienzos de ese año, unas 1.200 familias ocupaban terrenos fiscales municipales en la ciudad de Neuquén y se estimaba que existía una cantidad similar de personas asentadas en tierras pertenecientes a la provincia.
Con la formalización de los cargos, la fiscalía tendrá ahora seis meses para profundizar la investigación antes de que avance la causa hacia las próximas etapas del proceso penal. De acuerdo con lo resuelto por la Justicia, Salas, Huincaman y Lebrero quedaron imputados por estafa reiterada.
