La decisión implica un importante incremento en las autorizaciones de gasto para lo que resta del año y eleva el presupuesto total hasta los $152,3 billones. No obstante, el efecto neto sobre las cuentas de la Administración Central resulta nulo, debido a que el aumento del gasto queda compensado por una suba de $2,16 billones en los recursos corrientes y de capital previstos. La mayor parte de esos recursos adicionales proviene de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El Ministerio de Capital Humano recibió una ampliación presupuestaria de $1,79 billones, destinada principalmente a la Anses para atender el pago de prestaciones previsionales correspondientes a moratorias y el seguro de desempleo. El refuerzo responde, entre otros factores, al incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil establecido en diciembre de 2025 por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los fundamentos de la decisión también contemplan recursos adicionales para el “Plan 1.000 días”, creado mediante la Ley 27.611, y un incremento de las transferencias destinadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, la norma elevó en $250.000 millones el límite establecido por el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 27.798. El incremento permitirá atender deudas previsionales reconocidas mediante resoluciones judiciales o administrativas, así como acuerdos transaccionales contemplados en la Ley 27.260.
El Ministerio de Salud también recibió uno de los principales refuerzos presupuestarios. Se asignaron $550.000 millones para atender pensiones no contributivas por invalidez, mientras que otros $44.000 millones fueron destinados a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para garantizar la cobertura sanitaria correspondiente.
Los fundamentos de la medida incluyen además recursos para sostener los gastos operativos de hospitales de alta complejidad, entre ellos el Hospital Garrahan y el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. La cartera sanitaria recibió también una contribución figurativa de $550.000 millones proveniente de la Anses. A su vez, el organismo previsional destinó $240.000 millones a las cajas de retiro de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas.
Entre los principales refuerzos contemplados en el anexo presupuestario aparece el destinado a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La empresa recibió $1 billón en transferencias corrientes del Tesoro Nacional para sostener la política de energía eléctrica, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad obtuvo ampliaciones presupuestarias para continuar con distintas obras en ejecución. Entre ellas se encuentran los trabajos vinculados con la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 40, que conecta Mendoza con San Juan, además de tareas de mantenimiento y conservación de rutas en la provincia de Santa Cruz.
La Decisión Administrativa 26 también contempla partidas adicionales destinadas a cubrir incrementos salariales para integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. La Resolución 630 del Ministerio de Seguridad, publicada el 8 de julio, había establecido un aumento en los haberes mensuales del personal de seguridad, lo que derivó en un refuerzo de los recursos destinados a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.
Un ajuste similar se produjo a partir de la Resolución Conjunta 35 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, del 17 de julio, que dispuso un incremento en los haberes del personal militar. Como consecuencia, también fue necesario reforzar los recursos destinados a atender los haberes de jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas a través del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
La norma también dispuso la transferencia de créditos desde la Secretaría de Comunicación y Medios hacia la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Estos recursos estarán destinados a cubrir gastos vinculados con la Secretaría de Vocería Presidencial, creada mediante el Decreto 571 del 2 de julio de 2026.
Asimismo, se formalizó el traslado de tres agentes permanentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado al Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo establecido previamente por la Decisión Administrativa 10.
Otro de los ajustes incluidos corresponde a la Jurisdicción 90, vinculada con el Servicio de la Deuda Pública. En este caso, se asignaron $210.000 millones para atender los servicios financieros de la deuda durante el actual ejercicio. También se modificaron los créditos correspondientes a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento de distintas instituciones.
Finalmente, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 y 868/2026, vinculados con las políticas de defensa y soberanía impulsadas por la administración de Javier Milei. Ambas normas contemplan un incremento presupuestario para el área de Defensa de $521.558 millones, orientado principalmente al fortalecimiento de las capacidades destinadas a la protección de recursos estratégicos en el área de las Islas Malvinas. El impacto neto sobre el gasto total, sin embargo, se ubica en $234.122 millones.
