Leal, quien también fue titular de Orsna, tenía en su poder más de 2 millones de dólares en efectivo, diversas sustancias prohibidas en una caja fuerte y equipos de inteligencia, lo que llevó a la Justicia a allanar su propiedad y a su posterior detención.
Leal estuvo al frente de Arsat durante la administración de Alberto Fernández y continuó en su cargo durante la gestión de Javier Milei.
Su arresto se llevó a cabo a solicitud del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
En la reunión del directorio que tuvo lugar el jueves pasado, se aprobó la medida para avanzar en la licitación de una auditoría. Según fuentes oficiales, se buscará convocar a las firmas de auditoría más reconocidas para realizar un examen interno detallado, involucrando una “investigación interna sobre todas las contrataciones y procesos de la compañía”.
Leal, quien era personal de planta del Estado, fue desafectado de su puesto el lunes siguiente a su arresto, a instancias del actual presidente de Arsat, Mariano Greco. Esta misma decisión se tomó con respecto a Gerardo Boschin, ex gerente de compras de la empresa, quien también había asumido un rol en Trenes Argentinos. Ambos recibieron cartas documentos notificando su despido.
La situación legal de Leal es complicada. La Justicia determinó su prisión preventiva, negándole el arresto domiciliario, a raíz de una causa por tenencia de estupefacientes con posibles fines de comercialización, derivada del allanamiento que se realizó. Asimismo, la fiscalía ha solicitado su detención por presuntas irregularidades de corrupción durante su gestión al frente de Arsat.
Con casi 20 años de trayectoria en la función pública, Leal fue presidente de Arsat entre 2022 y 2024. En 2025, el gobierno de Milei lo nombró al frente de Orsna, la entidad responsable de regular el sistema aeroportuario nacional, cargo del cual fue destituido en enero de 2026, junto a Luis Pierrini, ex secretario de Transporte. Su arresto se produjo tres meses después de su salida.
El caso se originó a partir de un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat. No obstante, a medida que avanzaba la investigación, se fueron acumulando pruebas que involucran a funcionarios en supuestos delitos de corrupción.
La denuncia por el robo fue presentada ante el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, y en la fiscalía de Domínguez, quienes decidieron ampliar la investigación debido a la aparición de indicios de corrupción en la contratación de la empresa que administraba el predio donde se almacenaban equipos de Arsat.
