Más de 30 imputados en la causa Cuadernos se presentaron este viernes ante el Tribunal Oral Federal 7 con el objetivo de lograr un acuerdo económico y evitar ir a juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.
El punto planteando por las defensas de los empresarios que buscan el acuerdo económico es que un juicio con esa cantidad de acusados, que prevé audiencias semanales y más de 600 testigos, podría extenderse por años, incluyendo la etapa de apelaciones y la revisión final de la Corte Suprema.
- Ernesto Clarens: ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos valuado en 1,5 millones de dólares
- Julio Paolini: 826 millones de pesos
- Roberto Orazi: 136 millones de pesos
- Enrique Pescarmona: 510 millones de pesos
- Walter Fagyas: 205 millones de pesos
- Juan Manuel Abal Medina: 60 millones de pesos
- Claudio Glazman: 306 millones de peso
- Alberto Padoan: 100 millones de pesos
- Miguel Ángel Marconi: 507 millones de pesos
También se presentaron los empresarios Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón y Sergio Taselli, entre otros.
La reparación del daño es una herramienta prevista en el Código Penal y permite extinguir la acción penal una vez que se abona el monto equivalente al daño generado por el delito, evitando así el juicio.
A diferencia del juicio abreviado, donde el imputado reconoce los cargos y acuerda una pena con la fiscalía, la reparación no exige admisión de culpa. En caso de que los jueces acepten la propuesta, los empresarios quedarían sobreseídos.
Luego de la oferta realizada por los abogados defensores, la fiscal Fabiana León se opuso a los ofrecimientos al sostener que “no se vende impunidad”. Si bien no es vinculante la postura del Ministerio Público Fiscal, ahora el TOF 7 deberá decidir si falla en contra de la postura de la fiscal.
La causa Cuadernos
La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces Ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.
El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.
El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
