Novelli planteó una “excepción de falta de acción” mediante un escrito de 46 páginas en el cual sostiene que la causa se ha convertido en un intento inútil de reinterpretar pérdidas especulativas como maniobras fraudulentas, sin poder identificar una falsedad concreta o una víctima que haya sufrido un perjuicio patrimonial. En su defensa, afirmó que no hay “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, ni a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o el presidente Javier Milei, entre otros.
Con la representación de su abogado, Daniel Rubinovich, el lobista también defendió las acciones del presidente Javier Milei en relación a un mensaje en la red social X sobre la compra de la “memecoin”. El abogado argumentó que “los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior”. En este sentido, destacó que el posteo tuvo un carácter político y no constituye una recomendación de inversión ni contiene promesas de rentabilidad.
Rubinovich subrayó la diferencia entre un contenido que genera atención pública y uno que actúa como una maniobra engañosa capaz de provocar un perjuicio patrimonial. “La confusión entre ambos planos atraviesa buena parte de las acusaciones”, aseguró.
La causa investiga si el lanzamiento de $LIBRA constituyó un “rug pull”, un esquema en el cual se inflaría el precio del token para luego provocar su colapso, beneficiando a los desarrolladores y causando pérdidas a los compradores. Las reconstrucciones preliminares sugieren que unas 74.000 personas compraron la moneda, mientras que nueve cuentas fundadoras extrajeron alrededor de 286 millones de dólares; aquellos que vendieron a tiempo se hicieron de unos 100 millones, mientras que el resto perdió su inversión.
El pedido de exclusión se dirige contra cinco compradores del token que actuaron como querellantes: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, este último actuando como vocero de más de 200 inversores ante la comisión de investigación de la Cámara de Diputados. Novelli argumentó que, a su juicio, los querellantes han perdido su calidad de “particulares ofendidos”, como lo exige el Código Procesal Penal. Recordó que, aunque la Cámara Federal los aceptó inicialmente debido a que no se podía descartar la hipótesis de estafa, esa aceptación no implica una validación definitiva y, tras más de quince meses, dicha hipótesis no ha encontrado sustento.
Es relevante mencionar que la aceptación inicial de la Cámara Federal tuvo lugar después de que Novelli solicitara el año pasado que los inversores no fuesen considerados querellantes en la causa penal, un pedido que fue desestimado por tres instancias de apelación, incluida la Corte Suprema, manteniendo la participación de Romeo, Marchetto y otros, quienes tienen acceso al expediente y la capacidad de solicitar pruebas, indagatorias y cuestionar al fiscal federal a cargo de la investigación, Eduardo Taiano.
En su presentación, Novelli enfatizó que $LIBRA es una “memecoin”, un activo no regulado y de alta volatilidad. Por lo tanto, según su defensa, no se aplica el principio de confianza característico de los mercados financieros tradicionales, sino el de “autorresponsabilidad” de quienes deciden adquirir activos de alta volatilidad.
En este contexto, se argumentó que en el expediente no se encuentran los elementos típicos de la estafa: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio causalmente vinculados, es decir, los requisitos fundamentales para que se considere una estafa en términos penales.
Asimismo, Novelli sostuvo que los propios querellantes poseen experiencia en el ámbito. Aseguró que Vega realizó seis operaciones con una billetera Phantom, Marchetto compró aproximadamente 950 dólares mediante Jupiter, Quintero afirmó estar familiarizado con las criptomonedas desde 2016 y Paris operó en la sección de alta volatilidad de Ripio. Este nivel de conocimiento, según la defensa, hace menos probable que hayan sido inducidos a error.
El abogado también señaló que varios de los querellantes han desviado su acusación hacia el delito de negociaciones incompatibles, relacionado con el funcionamiento de la administración pública. Por ejemplo, Marchetto solicitó en marzo citaciones a indagatoria con base en esta figura. La defensa argumentó que la investigación ha derivado hacia delitos contra la administración pública, lo que, en su opinión, extingue la justificación para la intervención de los querellantes como damnificados directos.
Finalmente, el escrito rechazó que el caso constituya un “rug pull”, pues argumentó que los impulsores son identificables, el proyecto permaneció operativo y se llevaron a cabo iniciativas posteriores relacionadas con el token, incluida la creación de un fideicomiso para canalizar fondos. Además, insistió en que un descenso abrupto en la cotización de un activo no conlleva por sí mismo convertir una inversión fallida en un delito, ya que esto forma parte de la lógica de mercados altamente especulativos.
La decisión sobre la exclusión de los querellantes recaerá en el juez federal a cargo de la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, quien enviará su veredicto al fiscal Taiano. Si la solicitud prospera, los inversores perderán su estatus como querellantes, lo que limitará su capacidad para impulsar nuevas pruebas, solicitar indagatorias o influir en el curso de la causa durante el Mundial de fútbol.
