La definición se produjo en una sesión impulsada por la oposición. Aunque el oficialismo no reunió inicialmente el quórum habitual, sus integrantes ya se encontraban en el recinto y, cuando la sesión alcanzó los 135 diputados presentes, terminaron acompañando la propuesta para organizar el debate de ambos temas.
En el caso de la emergencia en discapacidad, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda tendrán una primera reunión informativa el 16 de septiembre. El objetivo será avanzar con el proyecto que plantea extender durante un año la emergencia del sector. El cronograma contempla una segunda instancia y la posterior firma del dictamen.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, cuestionó que haya sido necesario convocar a una sesión para establecer un calendario que, según sostuvo, ya había sido definido previamente por la comisión correspondiente. De todos modos, remarcó la importancia de que el tema sea debatido.
En la misma línea, Silvana Giudici planteó que la discusión debe desarrollarse sobre la base de información concreta y sostuvo que la emergencia se encuentra en cumplimiento.
Para el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento, en tanto, la oposición aceptó dejar afuera a la comisión de Presupuesto y Hacienda. De esta manera, quedaron fuera del esquema aquellas iniciativas que implicaban un mayor impacto sobre las cuentas públicas.
El debate se desarrollará en un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas. Las reuniones informativas fueron previstas para los días 15 y 22 de septiembre, mientras que el 29 se buscará avanzar con la firma del dictamen.
La votación del cronograma terminó con 249 votos afirmativos y uno negativo, correspondiente al diputado santacruceño José Luis Garrido.
La definición había sido precedida por una reunión de Labor Parlamentaria entre Martín Menem y los presidentes de los distintos bloques. Tras ese encuentro, legisladores destacaron la ausencia de cruces durante la negociación.
Desde La Libertad Avanza se presentó la decisión como resultado de un acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria. La oposición, en cambio, rechazó esa interpretación y sostuvo que no hubo un acuerdo formal, sino que el oficialismo terminó acompañando la iniciativa al advertir que no podía impedir su avance.
