La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha tomado la determinación de desafectar un área de 2.939 metros cuadrados de la Base Naval Ushuaia, siguiendo la Resolución 101/2026 firmada el 26 de junio. Este terreno se sitúa entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona cercana a la planta Orión. El expediente administrativo indica que el inmueble fue tachado como “innecesario” y “sin destino” tras el aviso del Ministerio de Defensa, que en agosto de 2025 especificó que no existían planes de uso futuro. Un informe técnico complementario de la AABE añadió que el sitio no presenta ocupaciones permanentes, excepto un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur para almacenar caños.
No obstante, la discusión en la Armada va más allá de este terreno individual.
Militares han manifestado que estas propiedades son parte de una de las zonas más estratégicas de Argentina. Ushuaia es considerada la principal entrada nacional al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. Además, en esta área confluyen intereses estratégicos de países como Estados Unidos y China, y persisten las tensiones por la soberanía que enfrenta Argentina con el Reino Unido en relación con las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
La inquietud también está relacionada con iniciativas que se discutieron durante años para reforzar la presencia militar en la ciudad fueguina. Entre estas propuestas se encontraba la creación de una base naval que integrara las capacidades de la Armada, lo que facilitaría la infraestructura logística para operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida.
“La ubicación de estos terrenos tiene un valor estratégico que va mucho más allá de su precio de mercado”, enfatizó un oficial. Otro jefe militar comparó la situación diciendo: “Es como si Estados Unidos decidiera vender un terreno estratégico del Comando Sur en Florida”.
Detrás de esta decisión está la estrategia gubernamental de financiar el reequipamiento militar a través de la venta de propiedades estatales. El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar establece que las Fuerzas Armadas recibirían el 70% de los fondos recaudados por la venta de sus propios bienes y el 10% si se trata de inmuebles de otros organismos.
Sin embargo, los oficiales de las Fuerzas Armadas se muestran escépticos respecto a que estos montos realmente se destinen a las cuentas para el reequipamiento militar. Recuerdan que en el último año los presupuestos de Defensa sufrieron recortes significativos y resaltan la falta de antecedentes que garanticen que los recursos de estas ventas se utilizarán para mejorar las capacidades militares.
“Nos piden que entreguemos patrimonio estratégico con la promesa de que el dinero regresará a las Fuerzas, pero nadie puede asegurar que eso finalmente sucederá”, afirmó una fuente militar.
Esta preocupación se acentúa en el contexto regional actual. Mientras Argentina sigue reafirmando sus derechos sobre las Islas Malvinas, algunos gestos recientes del Gobierno hacia el Reino Unido generan inquietud en las Fuerzas Armadas. Este pasado fin de semana, un buque de guerra británico estaba presente en Punta Arenas, Chile, lo que en años anteriores habría provocado una protesta formal de Buenos Aires, un hecho que esta vez pasó sin cuestionamientos públicos.
Para los oficiales consultados, la venta de terrenos en Ushuaia envía una señal contradictoria respecto a la intención declarada de fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, justo cuando el Atlántico Sur adquiere una relevancia creciente por múltiples razones, incluyendo las militares, logísticas, energéticas y relacionadas con la Antártida.
Desde el Gobierno, la posición es que la política de la AABE busca optimizar la gestión del patrimonio del Estado, deshaciéndose de inmuebles considerados innecesarios o sin utilidad para generar recursos y mejorar la administración de los bienes públicos.
Sin embargo, en el seno de las Fuerzas Armadas muchos creen que el debate no solo se limita al tamaño del lote en cuestión, sino que se centra en el precedente que establece: la posibilidad de perder propiedades situadas en un área de gran valor estratégico para el país, sin la certeza de que los ingresos generados se reinviertan efectivamente en el sistema de Defensa.
