La medida fue oficializada el lunes mediante la Resolución 31/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Esta resolución aprobó una nueva metodología para la creación de tarifas teóricas de referencia y un procedimiento renovado para calcular la distribución de compensaciones tarifarias para las líneas de jurisdicción nacional.
Desde la dirección de Mariano Plencovich, se explicó que el esquema anterior mejoró la transparencia en la asignación de recursos. Sin embargo, se consideró esencial avanzar hacia un sistema que incentive la mejora del servicio.
En este contexto, la resolución detalla que el objetivo es desarrollar un modelo que “incentive la mejora continua en la prestación, promueva la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos y fortalezca los mecanismos de control y trazabilidad”.
La nueva metodología comenzará a aplicarse a partir de las liquidaciones correspondientes a junio de 2026. Esto incluirá a las empresas de colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para la elaboración de este nuevo esquema, la Subsecretaría de Transporte Automotor ha promovido la creación de indicadores vinculados a la calidad, regularidad y consistencia operativa de los servicios. Entre los parámetros a evaluar se incluyen el cumplimiento de recorridos, el respeto de las frecuencias programadas, la antigüedad de las unidades y los kilómetros efectivamente recorridos, entre otros factores relacionados con el rendimiento de cada línea.
Además, la iniciativa incorpora datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), del sistema SUBE y de Nación Servicios S.A., con el fin de establecer un índice de operatividad que permita medir y comparar el desempeño de los distintos prestadores.
El Gobierno ha sostenido que esta modificación busca consolidar “un servicio de transporte público más eficiente y coordinado”, alineando la distribución de fondos estatales con el nivel de cumplimiento de las obligaciones operativas de las empresas.
Esta decisión forma parte de la estrategia oficial de revisión de los subsidios económicos y de reforzamiento de los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos, en un contexto donde el transporte sigue siendo uno de los sectores que recibe mayor asistencia estatal para mantener las tarifas a cargo de los usuarios.
