La convocatoria a la medida de fuerza fue realizada por el CONADU, que agrupa a los sindicatos de las diferentes universidades nacionales, y está programada del 16 al 20 de junio. Paralelamente, se llevarán a cabo clases públicas en varias localidades del país el 9 de junio, que incluirán actividades frente a los Tribunales en Buenos Aires, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Otras actividades están previstas en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires los días 11 y 16 de junio, según informó el sindicato.
“Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”, señala el comunicado del CONADU, que alude a la propuesta que la Secretaría de Educación hará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Simultáneamente, el sindicato ha presentado una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por “la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria”.
Esta semana tuvo lugar una reunión entre Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y las principales autoridades del CIN, Franco Bartolacci (rector de la UNR) y Anselmo Torres (UNRN). En ese encuentro, se presentó una propuesta salarial intermedia en relación a lo que establece la ley, que estipula una recuperación salarial del 45,6% en términos reales, considerando la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Bajo este contexto, la oferta del Gobierno parece situarse en alrededor de un 21,33% de aumento para el salario de junio y un 3% adicional en octubre, además de un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y asignaciones extra para becas y hospitales universitarios.
En contraposición, el Gobierno solicita a las universidades que desistan del litigio actualmente en la Corte Suprema, lo cual es rechazado por las autoridades académicas.
El máximo tribunal del país ha infligido un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al desechar un recurso del Estado nacional en el proceso impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente.
Esta resolución se formalizó en un fallo del 4 de junio, donde la Corte desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo en referencia a decisiones anteriores que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. El Estado había intentado apartarlos, alegando que son docentes de universidades nacionales que son parte del colectivo demandante.
Los jueces, sin embargo, rechazaron este argumento, afirmando que “no se ha acreditado elemento alguno que configure una causal de excusación” y subrayaron que “la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio”.
Además, la Corte recordó que los mecanismos de recusación y excusación son de carácter excepcional y deben interpretarse de manera restrictiva, para no alterar el principio constitucional del juez natural. En este sentido, advirtieron que “no puede extenderse sin fundamento una causal de apartamiento a supuestos no previstos por la ley”, dado que esto podría impactar negativamente en el funcionamiento del sistema judicial.
El Gobierno presentó a los rectores una propuesta salarial que, aunque fue catalogada como un aumento, en realidad provocaría una pérdida irrecuperable de más del 30% en los sueldos. La oferta consistía en un aumento del 21%, a cambio de que los rectores retirasen la demanda judicial relacionada con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de que esta ya ha recibido dos fallos favorables que el Poder Ejecutivo aún no ha cumplido.
Los representantes sindicales presentes en la reunión, donde se abordó la propuesta gubernamental, calificaron este planteamiento como una forma de extorsión y “una locura”. Como resultado, el diálogo con el Gobierno ha quedado en un punto muerto. Algunos dirigentes intentaron ver la oferta como un posible “inicio del cumplimiento de la ley”, pero la mayoría se opuso firmemente a aceptar un porcentaje que está por debajo de lo que corresponde.
Es importante señalar que la propuesta del Poder Ejecutivo, presentada como un aumento, en realidad se alinea con la idea de llevar al Congreso una nueva Ley de Financiamiento Educativo que sustituya la vigente. Este nuevo proyecto del Gobierno contempla ajustes salariales y fondos para las universidades tomando en cuenta la inflación a partir de 2025, sin considerar la pérdida sufrida en 2024.
La disparidad es clara: el Gobierno ofrece un 21%, mientras que los docentes argumentan que para restablecer lo que se ha perdido a causa de la inflación y la falta de aumentos durante 2024, se debería estar hablando de más del 50%.
