Una de las modificaciones más destacadas es que las licitaciones cuyo monto exceda los 50.000 módulos y las compras directas que superen los 30.000 módulos ya no requerirán la aprobación del ministro de la respectiva área, sino que podrán ser autorizadas por los secretarios ministeriales o funcionarios en niveles equivalentes.
Previamente, las licitaciones que sobrepasaban los 50.000 módulos debían recibir la adjudicación del jefe de Gabinete, así como de los ministros y las máximas autoridades de organismos descentralizados.
Con esta reforma, la autoridad para certificar esos procesos se transfiere a los secretarios, quienes tendrán la capacidad de aprobar desde un umbral de 15.000 módulos.
El marco normativo también incluye una revisión de las escalas de gasto de la Ley de Administración Financiera, alineando las competencias de aprobación de gastos con la nueva estructura organizativa.
Conforme a los valores actualizados a abril, el módulo se sitúa ligeramente por encima de los $50.000, lo que establece un límite para las licitaciones en $2.500 millones y para las compras directas en $1.500 millones.
La reforma se formalizó a través del Decreto 427/2026, suscrito por el presidente Javier Milei, y validado por el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Esta normativa fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Según se detalla en su fundamentación, la reforma busca “agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección, coadyuvando con ello a una utilización más eficiente de los recursos públicos”.
Además, se aclara que esta reforma será aplicable a todos los procedimientos de selección, incluyendo aquellos que fueron autorizados antes de su implementación.
El decreto también modifica el Decreto 1030/16, que regula el Régimen de Contrataciones, así como el Decreto 1344/07, que se refiere a la Ley de Administración Financiera.
